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Autor: Fabián Gaspar Bustamante Olguín

El frustrado secuestro de la CIA a ciudadanos árabes residentes en el Norte de Chile.

El frustrado secuestro de la CIA a ciudadanos árabes residentes en el Norte de Chile.

Diario La Nación, Santiago de Chile, 8 de junio 2008.

El frustrado secuestro de la CIA

En marzo pasado, un informe del Departamento de Estado norteamericano confirmó un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush contra el terrorismo islámico. Con autorización oficial, la CIA practicó seguimientos, escuchas telefónicas y fotografías a árabes residentes en Iquique. Pero la colaboración se acabó cuando la agencia intentó plagiar a un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah y la policía civil se negó a ser parte en el secuestro.

Con indignación reaccionó la alta funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Chile, cuando se enteró de que el grupo de agentes de la Policía de Investigaciones se había negado a cumplir una misión que para ella y la CIA era fundamental: secuestrar en Iquique al ciudadano libanés con negocios en la Zona Franca, Arafat Ismail.

M. T. (este medio reserva el nombre completo a fin de resguardar su seguridad) había llegado a Chile días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono.

En la memoria de los estadounidenses, y del mundo entero, estaba aún presente la traumática imagen del desplome del World Trade Center. Los servicios de seguridad norteamericanos redoblaron sus labores de inteligencia en zonas consideradas «sensibles», es decir, donde se sospechaba que Al Qaeda, ponía en peligro sus intereses. Ante los ojos de las autoridades de Washington, Chile y la región de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina (ver infografía) eran unos de los principales focos de preocupación, porque allí se había detectado una la red de financiamiento que pudo haber participado en la planificación de los atentados del 11-S.

Pero, debieron transcurrir cinco años y medio para el de 30 de marzo de 2007, el Departamento de Estado norteamericano publicara un extenso informe, donde comunica detalladamente al Congreso de su país las actividades realizadas en todo el mundo a partir del 11/S de 2001, especialmente las de los últimos años.

Sobre Chile, Condoleezza Rice destaca que «funcionarios (chilenos) monitorearon posibles vínculos entre extremistas de la Zona de Libre Comercio de Iquique (Zofri) y los del área de la Triple Frontera, cuando aumentan los lazos comerciales entre ambas áreas».

Destaca, además, la cooperación desde un comienzo con Estados Unidos una vez firmados los convenios sobre la lucha antiterrorista tras los ataques en Nueva York y Washington. En la práctica, esto derivó en un intercambio no sólo a nivel policial, sino en la creación de un sistema que facilitó la intervención, en toda Sudamérica, de los organismos de inteligencia de EEUU, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA).

Y así fue como esa fresca mañana de marzo de 2002 un equipo de agentes encubiertos de la CIA en Iquique preparaba la que sería una de las acciones más audaces en la región. Los cinco personajes esperaban las órdenes del líder del grupo, una mujer robusta e impecablemente vestida, que se movilizaba en un vehículo con patente roja: era M. T.. Para el común de la gente, ella sólo cumplía labores diplomáticas, pero en verdad era la jefa de la CIA en Chile.

La relación con los hombres de Bin Laden

La agente estadounidense tenía una carpeta con las actividades de árabes, residentes en Iquique, que mantenían un creciente flujo comercial con la región de la Triple Frontera.

En el papel Assad Ahmad Barakat figuraba como uno de los principales sospechosos a cargo de construir una compleja trama financiera entre sociedades comerciales ubicadas en la Triple Frontera e Iquique. Así lo entendió la prensa internacional que, a partir de 2001, ya lo mencionaba como uno de los principales financistas de Al Qaeda.

Pero la información que tenía M. T. involucraba a uno de los más cercanos colaboradores de Barakat: Arafat Ismail, un ciudadano libanés residente en Iquique, que según ella estaba directamente relacionado con los mujaidines de Osama Bin Laden. Este personaje había arribado al aeropuerto de Iquique el 17 de junio de 2001.

Tales eran las sospechas sobre Barakat e Ismail, que cinco meses antes de la llegada de la jefa de la CIA, y del 11-S, el grupo de cinco agentes de la repartición de inteligencia, ya escudriñaba en Iquique cualquier acción sospechosa.

La Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), que en ese entonces dirigía el prefecto Luis Henríquez también tenía informes que apuntaban hacia Ismail. Según los antecedentes -a los que LND tuvo acceso- Ismail mantenía una casilla en el mismo banco estadounidense desde donde sacaba dinero Mohamed Atta, el mismo que el 11 de septiembre de 2001 piloteó uno de los aviones que impactó en el World Trade Center. En otras palabras, había serias sospechas de que Ismail formara parte de la célula que participó en los atentados en EEUU.

Tras meses de monitoreo de los agentes de la CIA, apoyados por los detectives de inteligencia de Investigaciones, llevaron a que la diplomática tomara una decisión radical para terminar con aquella red.

El plan que tenían los estadounidenses parecía simple. Harían todos los arreglos para que ingresara un avión de transporte indetectable a los radares. Aterrizaría a poca distancia de Iquique, en pleno desierto. Los policías chilenos debían cumplir con el trabajo operativo: apresar al libanés y transportarlo hasta el lugar. Ahí terminaba su labor. Si bien los estadounidenses no comentaron donde lo llevarían, señalaron que necesitaban urgentemente someterlo a un interrogatorio. Aunque nunca se conversó de manera explícita, los agentes de la policía civil sabían que su destino sería la cárcel de Guantánamo o algún centro clandestino.

Lo que sí se encargaron de asegurar los integrantes de la CIA es que Chile no se vería involucrado, ni siquiera de forma indirecta, en la operación. Se informaría oficialmente que Ismail había sido apresado dentro de las fronteras de Estados Unidos.

Como argumento a su favor, los estadounidenses contaban que cuando Arafat Ismail ingresó a Chile, entregó como domicilio privado el mismo departamento de calle Arturo Prat en que había fijado su residencia Barakat.

La presión que ejercieron los agentes de la CIA fue extremadamente fuerte. Al arduo trabajo de los seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías y análisis a las empresas de los ciudadanos de origen libanés en Chile, ahora se sumaba la voluntad expresa de la inteligencia estadounidense de cometer una acción que, para los chilenos, era absolutamente ilegal y contraria al Estado de Derecho.

Financiamiento a Hezbollah

A través de un oficio secreto del 7 de noviembre de 2001, el entonces director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, solicitó al Ministerio del Interior que aplicara la Ley 18.314 de Seguridad del Estado, lo que daría paso al nombramiento de un ministro en visita. En esa ocasión, Mery adjuntó una minuta secreta, firmada por el jefe de la Jipol, Luis Henríquez, donde se detallaba una serie de antecedentes recopilados por la inteligencia de Paraguay y la CIA. Ésta daba cuenta de la relación de un grupo de ciudadanos libaneses con pasaporte paraguayo, que habrían estado vinculados al atentado de la AMIA en Buenos Aires en 1994. Según la policía civil, los libaneses efectuaban un fluido intercambio comercial y constantes viajes a la ciudad de Iquique, que a simple vista no llamaban la atención a nadie.

El 9 de noviembre, el Ministerio del Interior aprobó el requerimiento de Mery y la corte nombró como ministro en visita a Juan Muñoz Pardo.

Apenas cuatro días más tarde, el juez citó a declarar en la causa al propio Henríquez. En su testimonio, el jefe policial señaló: «En el mes de mayo del presente (2001) recibí la petición de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica de activar planes de búsqueda de información relativa a verificar el comportamiento sospechoso en materia comercial de ciertos ciudadanos libaneses que tenían negocios en Ciudad del Este, en Paraguay, y residencia en Foz de Iguazú, Brasil. En atención a que se había interceptado información en el Medio Oriente de que se iba a producir un grave atentado a los intereses de Estados Unidos en alguna parte del mundo».

Además, señaló al juez que, luego de los atentados del 11 de septiembre, se dio cuenta de que la información que manejaban los estadounidenses era veraz. «Por lo tanto, extremamos nuestros servicios en esa zona, ya que en el correr de los días empezaron a aparecer informaciones en los países de Brasil y Paraguay, que indicaban las sospechas de que muchos de los ciudadanos que allí residen, enviaban importantes sumas de dinero, mencionando incluso millones de dólares a Hezbollah para financiar acciones terroristas en distintas partes del mundo, del cual no podría descartarse Chile», indicó Henríquez.

Aunque no lo declaró judicialmente -para mantener la mayor discreción en Iquique-, la policía civil decidió crear el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAET), una unidad de elite que respondía exclusivamente a Henríquez. Su misión se concentró en investigar a los ciudadanos libaneses que migraban constantemente a la ciudad, mezclarse con el entorno, seguir sus pasos y, también, reclutar informantes que permitieran desbaratar otra operación terrorista o entregar más datos sobre los responsables del 11/S.

Dicha unidad logró recabar una información aún más preocupante. Con los datos entregada por el Departamento de Control de Fronteras, analizaron los viajes de ciudadanos de origen libanés desde julio de 2001, detectando que cada mes llegaban y salían del país un promedio de tres individuos de esa nacionalidad: los lunes, miércoles y viernes. «Es dable señalar que el día viernes 7 de septiembre de 2001, hicieron abandono del país 11 ciudadanos de origen libanés y, desde ese día hasta el 19 de septiembre no se registró movimiento migratorio de personas del Medio Oriente a Iquique, reanudándose estos el 19 de septiembre», señala uno de los informes secretos.

LND se reunió con el ex jefe de la Jipol en un café de Ñuñoa. Con el instinto policial intacto y pasados varios años de su retiro, Henríquez narró algunos pasajes de la investigación conjunta con la CIA. «Al principio creímos que era Hezbollah, pero luego nos fuimos dando cuenta de que las personas a las que seguíamos podían corresponder a Al Qaeda», señala. Era importante determinar si la célula investigada pertenecía o no a Hezbollah, puesto que está organización no debiera mantener vínculos con Al Qaeda. Ambas representan corrientes opuestas del Islam: la primera es shiita; la segunda, sunita.

Aunque Luís Henríquez declinó referirse a los planes de secuestro de Arafat Ismail confirmó que hubo un momento en que las relaciones con M. T., la jefa de la CIA en Chile, se deterioraron gravemente.

Ahmed Barakat y la triple frontera

Recién comenzada la investigación judicial en Chile, el principal sospechoso era Barakat, ya que en ese momento se encontraba prófugo de la justicia paraguaya, procesado por los cargos de asociación criminal, apología del delito y evasión tributaria.

El informe secreto que el propio Henríquez entregó a Nelson Mery y que sirvió de base para que se nombrara un ministro en visita por posibles acciones terroristas, señala que «según la Secretaría de Prevención del Terrorismo de Paraguay, Barakat es jefe militar de Hezbollah en la triple frontera. De acuerdo a los antecedentes que maneja investigaciones, ingresó a Chile el 25 de junio de 2001, momento en que realizó los trámites para concretar su solicitud de residencia, registrando como domicilio particular Avenida Arturo Prat número 2748, departamento 11», Iquique.

De ahí en adelante las informaciones obtenidas por la policía chilena se combinaron con las de la CIA. Con una asombrosa habilidad, que llamó la atención de los estadounidenses, algunos de los detectives chilenos lograron infiltrarse dentro de la red de ciudadanos libaneses sospechosos de formar parte de la trama financiera del terrorismo islámico. Posteriormente, incluso lograron que un descendiente de árabes residente en Iquique, que trabajaba en las empresas relacionadas con Barakat, se transformara en informante pagado.

Con estos antecedentes, más la compleja trama de empresas que habían constituido los libaneses en Iquique, el 7 de noviembre de 2001 el ministro Muñoz dictó una orden de arraigo sobre doce ciudadanos libaneses residentes en nuestro país.

A cuenta del Tío Sam

Como las indagaciones se concentraban exclusivamente en Iquique, Muñoz entregó el caso a Jaime Chamorro, ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Eran los últimos días de noviembre del 2001.

De inmediato, el nuevo juez se informó de los antecedentes recopilados y se puso a trabajar con los mismos agentes de la DAET, que ya llevaban varios meses pesquisando las actividades de los empresarios libaneses de la zona. Chamorro dispuso la incautación simultánea de varios locales y bodegas de la Zofri, y practicó interrogatorios a los libaneses con orden de arraigo, pero no logró comprobar ningún ilícito, por lo que decidió levantar la medida cautelar.

Sin embargo, la decisión judicial no significó en la práctica que los efectivos de la Policía de Investigaciones cortaran el trabajo con la CIA. De hecho, mientras los agentes norteamericanos se hacían pasar por empresarios y se alojaban en los hoteles más costosos de la zona, como el Terrado Suite, los policías chilenos también trabajaban con identidades falsas.

Según fuentes allegadas al caso, el organismo de inteligencia estadounidense aportaba mensualmente 20 millones de pesos para financiar los gastos de los agentes chilenos en el norte. Con eso tenían suficiente para pagar arriendos de tres departamentos -que superaban los 600 mil pesos al mes- y así resguardar las identidades que habían creado con el mayor cuidado.

Uno de los policías que actuó en ese grupo recuerda la buena relación que tenían con los agentes de la CIA. «Ellos traían todo tipo de material electrónico. Cuando necesitábamos saber lo que sucedía al interior de una casa, les avisábamos, ellos entraban en un segundo, instalaban los micrófonos y luego nos entregaban los aparatos de escucha. Todo eso lo regalaban, aunque a cambio ellos solicitaban las grabaciones de las conversaciones», señala. Otro funcionario de Investigaciones, que participó como asesor en aquella operación, asegura que «también regalaron a la policía computadores personales Sony de última generación, del tamaño de una agenda y extremadamente delgados. En ese tiempo nada de eso se veía en Chile. Dentro del trabajo de inteligencia, esto es normal y forma parte de la cooperación y el intercambio entre los organismos».

EL PLAN MAESTRO

A estas alturas, ya entrado marzo de 2002, los funcionarios de la CIA eran cada vez más insistentes respecto a la necesidad de apresar a Arafat Ismail. Un testigo ocular de una tensa conversación entre la diplomática y uno de los jefes del grupo de policías chilenos aseguró a LND que «se hizo una petición explícita para que el equipo chileno apresara al libanés en el menor tiempo posible».

Pero los detectives se ciñeron la Constitución chilena y se excusaron señalando que no tenían una orden judicial ni razones concretas para sospechar que Ismail había cometido un ilícito en territorio nacional. La misma fuente, relató que «la funcionaria dijo que lo único que teníamos que hacer era agarrarlo y llevarlo para que ellos lo sacaran en un avión».

Los policías chilenos insistieron en que llevar a cabo esa acción importaba una abierta violación a los derechos de Ismail, lo que, según las mismas fuentes, a la larga resultó determinante para evitar el secuestro.

«No sólo era una acción ilegal y contraria al Estado de Derecho. Si hubiésemos colaborado, habríamos puesto al país en riesgo máximo de recibir una represalia de alguno de los movimientos islámicos fundamentalistas, como ha ocurrido en otros países», asegura un alto jefe policial de la época.

Los antecedentes con que cuenta este medio indican que los funcionarios chilenos que se negaron a cumplir la misión especial de la CIA, dieron cuenta al director de la Jipol, Luis Henríquez. A los pocos días, Arafat Ismail dejó el país por su cuenta y, en octubre de ese año, la funcionaria de la embajada de EEUU en Chile y encargada de la CIA abandonó el país.

Durante la invasión de Estados Unidos a Irak, en 2003, el Presidente Ricardo Lagos cuestionó la urgencia de esa guerra y ordenó a su embajador en Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, votar en contra de una acción militar contra Irak en el Consejo de Seguridad. La decisión del ex Mandatario no sólo fue asumida corriendo el riesgo de que la Casa Blanca decidiera echar pie atrás al TLC con nuestro país, que debía firmarse por esos días.

Hace dos semanas, Chile fue elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A los pocos años del 11/S, desde Europa se conocieron los primeros antecedentes sobre secuestros de supuestos militantes de organizaciones terroristas islámicas, articulados por agentes estadounidenses, que fueron llevados a la cárcel de Guantánamo y centros de reclusión secretos, donde muchos de ellos permanecen aún detenidos. Sin defensa, sin juicio, sin derechos.

Fuente: <http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic…>

Amnistía aboga por detenida documentalista

Amnistía aboga por detenida documentalista

Diario La Nación, Santiago de Chile, 4 de junio 2008.

Amnistía Internacional intercedió por la documentalista chilena Elena Varela y expresó su temor de que su arresto busque impedir que se investigue el conflicto entre las empresas forestales y grupos indígenas.

Varela está arrestada desde el 7 de mayo en una cárcel de Rancagua bajo la acusación de «asociación ilícita para delinquir» por su presunta vinculación a dos violentos asaltos y a una asociación ilícita.

Amnistía recordó que la cineasta estaba filmando un documental «para el cual ha investigado durante cuatro años, sobre el conflicto entre las compañías forestales y comunidades mapuches, sobre el uso de la tierra».

«Amnistía Internacional cree que las autoridades pueden haberla arrestado en un intento de detener las investigaciones sobre éste conflicto y como una forma de intimidar tanto a ella como a las comunidades mapuche», aseveró.

La organización criticó, asimismo, la acción de la policía que confiscó videos, equipos de sonido, cámaras, teléfonos celulares, material de investigación y documentación.

«Amnistía Internacional teme que esta información pueda ser usada por las fuerzas de seguridad para intimidar y hostigar a activistas mapuche y a otras personas que han participado en entrevistas grabadas para el documental», concluyó la entidad.

La organización internacional lanzó un instructivo a sus activistas para que escriban en favor de Varela a las autoridades chilenas.

De acuerdo al fiscal Servando Pérez, a cargo de la indagatoria por el asalto con homicidio cometido en 2005 contra el INP de Machalí, del que resultaron cuatro personas muertas, Varela participó en la planificación del atraco, en el traslado de armas y en la ocultación de los ejecutores.

Fuente en Internet: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2…

Ver también: http://www.amnistia.cl/index_aauu.shtml?x=87763

La libertad de ser uno mismo

La libertad de ser uno mismo

A propósito de un hecho lamentable que me tocó presenciar, volvió a mi cabeza un concepto o idea que ya creía olvidado, uno que siempre he luchado por obtenerlo y que tal vez defina mi personalidad: hablo de la libertad ser uno mismo.

Pensaba la libertad como una palabra tan usada que su definición se va diluyendo en todos los discursos que he escuchado sobre ella, y al escucharla imagino un lugar paradisíaco o algún hippie de los sesenta que divulgaban la libertad, la paz y el amor, pero había olvidado que la libertad no es nada más que esa energía que nos permite elegir lo que nosotros queramos o mejor dicho, cuando un hombre hace lo que quiere, o sea, es él quién tiene la facultad interior de decidir y moverse. En este sentido, la libertad como concepto suele ser entendida como libertad individual o como la concebiremos en este ensayo: la libertad de ser uno mismo. Te invito a descargarlo y leerlo:

  La libertad de ser uno mismo
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Ensayo entorno al concepto de libertad.

(*) Kropotkine, Pierre. Notre ennemi c’est notre maitre. Illustration du livre Le Principe Anarchiste. 1913. Les Temps nouveaux. 24 May 2008 <http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Notre_ennemi_c%27est…>

Historia e Historias: Teoría de la historia

Historia e Historias: Teoría de la historia

Historia e Historias: Teoría de la historia [i]

Es una práctica normal en toda obra que pretenda aproximarse al estudio de una ciencia empezar planteando el objeto, las características, los limites e interioridades de la ciencia en cuestión. Definir, en definitiva, dicha ciencia en todos sus aspectos. Definir la historia, sin embargo, no es tarea fácil. En primer lugar, porque, como recuerda Pierre Vilar en un estudio reciente, «“historia” designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia de este conocimiento».[ii]

Aunque pueda parecerlo, no se trata simplemente de un problema conceptual ni de un juego de palabras. Hegel fue ya consciente de esta diferenciación cuando señaló que la palabra historia «significa tanto historiam rerum gestarum como las res gestae mismas, tanto la narración histórica como los hechos y acontecimientos».[iii] El concepto historia incluye, pues, la realidad histórica tal y como objetivamente acaeció, y el conocimiento histórico, o sea la ciencia que pretende desvelarnos, mediante el trabajo del historiador, la realidad histórica.

La importancia de este planteamiento inicial estriba en el hecho de que raramente la «realidad objetiva»; se corresponde exactamente con el producto del conocimiento, fruto del trabajo de unos hombres. Ha existido, sin duda, una historia de Grecia, de Roma, de Inglaterra, de América o de Catalunya, pero existen múltiples y a menudo divergentes historias de cada uno de estos países, continentes o imperios. Ningún relato histórico se corresponde automáticamente con la realidad que trata de aprehender, aunque en cada narración histórica pueda existir una parte de esta realidad, una parte de la verdad histórica.

Planteada la problemática en estos términos, nos hallamos, pues, ante la existencia de una historia y de múltiples historias que pueden referirse al mismo objeto de estudio. Y ello es así porque, según recuerda Adolfo Gilly, en las ciencias de la sociedad, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, el conocimiento es múltiple, «tiene varias versiones y vertientes», en la medida en que la propia historia de la humanidad esta hecha por los hombres, «y los hombres son siempre múltiples», mientras la historia natural no depende de ellos.[iv]

Partiendo de esos supuestos, no resulta extraño que exista diversidad de formulas para definir la ciencia de la historia, en la medida en que toda definición lleva implícita una concepción determinadas de lo que debe ser la historia. H. I. Marrou, un historiador neoliberal francés, gusta repetir la frase de Raymond Aron según la cual «la teoría precede a la historia».[v] Y ello, se le dan las vueltas que se quiera, es una realidad que se trasluce implícita o explícitamente en todo libro de historia, hasta el extremo de que se puede llegar a afirmar que sin teoría de la historia no existe ni puede existir la historia.

Los historiadores positivistas del siglo XIX y buena parte de los neopositivistas actuales no se mostrarían de acuerdo con esta afirmación que, sin duda, considerarían, fuera de lugar, cuando no es falsa y ajena a la historia. Para ellos, efectivamente, la historia no pasa de ser una mera sistematización de los documentos históricos que el historiador sólo debe ordenar en su intento de reconstruir el pasado. Toda injerencia de aspectos teóricos o filosóficos, interpretativos o valorativos, supondría falsear el carácter «exacto» que debe poseer la historia. Para los positivistas, pues, la teoría no puede interferir en el estudio y posterior conocimiento de la historia.

De hecho, esta actitud de los historiadores positivistas a negarse a teorizar sobre la historia habría sido una constante general durante bastantes siglos, en los que las reflexiones sobre la evolución histórica, la historia universal y la sociedad se hacían sobre todo desde el campo de la filosofía o de la política. Desde San Agustín hasta la más recientes de la metafísica de la historia, pasando por Maquiavelo, Montesquieu o Marx, las teorías de la historia surgían como un quehacer más de las reflexiones filosóficas o de las necesidades políticas, un quehacer del cual muy pronto surgió una rama específica de la filosofía: la filosofía de la historia.

Esta situación permaneció inalterable hasta bien entrado el siglo XX. En 1928, a propósito de la edición castellana de las Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, de Hegel, Ortega y Gasset recriminaba a los historiadores su falta de ideas, su desprecio a la teorización, su aferrarse a los documentos. «Los historiadores –comentaba Ortega- no tienen perdón de Dios», y refiriéndose al historiador positivista alemán Leopold Von Ranke, considerado como el padre de la historiografía contemporánea, sentenciaba que este «entiende por ciencia el arte de no comprometerse intelectualmente»[vi] Aun a principios de los años 60 del presente siglo, Marrou seguía acusando a la herencia legada por el positivismo de haber impedido que los historiadores reflexionasen teóricamente sobre el objeto de su estudio.[vii]

En las últimas décadas del presente siglo, y con los precedentes _clásicos_ de Marc Bloch y Lucien Febrve, los dos fundadores de la Escuela francesa de los Annales, la situación empezó a cambiar rápidamente. Y ya, con conocimiento de causa, desde la realidad de su trabajo cotidiano, de sus «historias» en suma, el historiador ¡por fin se comprometió intelectualmente! El progresivo rigor que ha ido adoptando el estudio de la historia, la demanda social –cada vez mas creciente– de estudios históricos que permitan el conocimiento del pasado, la pugna ideológica que en un mundo como el actual, de profundos contrastes ideológicos, ha alcanzado también a la historia, han contribuido decididamente a la toma de postura teórica por parte del historiador. Las profundas crisis sociales, políticas e ideológicas que han conmovido el siglo XX no han sido tampoco ajenas a esta necesidad sentida por el historiador para teorizar sobre su trabajo.

Pero, como ya se ha dicho, la existencia de una teoría de la historia no solo se reduce a estudios específicos que abordan la problemática concreta de los aspectos epistemológicos de la historia. En todo discurso histórico, en todo libro de historia, subyace una teoría, una idea concreta sobre la realidad histórica que se estudia, una forma de concebir los útiles indispensables que a través del conocimiento nos permitirán aproximarse al objeto de estudio, y, en consecuencia, subyace una proyección de la conciencia del historiador en todas sus dimensiones posibles sobre el pasado. Incluso el historiador positivista que pretende llevar hasta las últimas consecuencias el objetivismo científico, parte de una determinada teoría del conocimiento histórico. Pretender, como a menudo lo hacen los objetivistas, que el conocimiento histórico es ajeno a influencias ideológicas supone, cuando menos, una falta de honradez profesional, que tiende a esconder la naturaleza social, política e ideológica del producto histórico.

Pero, ¿qué se entiende por teoría cuando nos referimos a la historia? En la mayoría de ocasiones las teorías de la historia formulan los principios generales según los cuales se pretende explicar toda la evolución de la humanidad, sus cambios y transformaciones, sus avances, retrocesos o estancamientos: la búsqueda de unas leyes últimas por las cuales se rige el desarrollo histórico. Cuando San Agustín elaboró su teodicea de la historia afirmaba que toda la historia de la humanidad era el efecto directo de una sola causa: la voluntad divina. Trece siglos más tarde, Montesquieu, en L’ esprit des lois, buscaba en los factores geográficos –y especialmente en el clima- las razones que determinaban las evoluciones sociales, aunque ya situaba la historia en un nivel estrictamente humano. Y cuando en el siglo XIX, Marx se desmarcaba de las teorías universalistas y metafísicas y enunciaba el principio según el cual «toda la historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases», situaba en el terreno de las relaciones sociales la casuística fundamental de la evolución social.

Marrou, sin embargo, entiende por teoría la posición que consciente o inconscientemente adopta el historiador con respecto al pasado: elección y delimitación del tema, cuestiones planteadas, conceptos a que se recurre y, principalmente, tipos de relaciones, sistemas de interpretación, valor relativo que a cada uno se le adjudica. Es la filosofía personal del historiador la que le dicta la elección del sistema de pensamiento en función del cual va a reconstruir y, según cree, a explicar el pasado.[viii] Y niega explícitamente la posibilidad de hallar leyes generales que, según el historiador galo, «son meras similitudes parciales, dependientes del punto de vista momentáneo que el historiador haya preferido adoptar para fijarse en unos cuantos aspectos del pretérito».[ix]

Sería fácil observar cómo Marrou confunde teoría con interpretación y con método histórico. A menudo, la Escuela de los Annales ha sido acusada también de obviar la teoría, de confundir teoría y método, y absolutizar la metodología como eje fundamental del conocimiento histórico.[x]

Es evidente, pues, la falta de acuerdo que existe en el momento de definir conceptos que a simple vista parecen tan elementales, como es el caso concreto de la teoría. Ciertamente, su contenido varía según la corriente de pensamiento o escuela que la formule. Y la historia, como proceso de pensamiento que es, no esta exenta de la fragmentación que existe en todas las ciencias de la sociedad. La existencia de múltiples teorías de la historia –aunque por teoría entendamos realidades diferentes– es un reflejo más de las diversas concepciones ideológicas asumidas por los hombres. Y el historiador, no lo olvidemos, elabora su producto, formula sus teorías, adopta una metodología u otra a partir de la adscripción ideológica en la que se sitúa. Retengamos, pues, de todo lo dicho hasta aquí, que es completamente lógico, de acuerdo con la propia naturaleza humana, que exista multiplicidad de historias referidas a una sola Historia, como también es lógica y normal la multiplicidad de teorías de la historia y de teorías del conocimientos.[xi]


[i] Acápite realizado por el profesor Guillermo Billeke (Q.E.P.D) del texto, Pelai Páges, Introducción a la Historia. Barcelona, Barcanova, 1983, págs.11-15.

[ii] PIERRE VILAR, Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Barcelona, Crítica, 1980, pág.17.

[iii] G.W.F. HEGEL, Lecciones sobre la filosofía universal. Madrid, Revista de Occidente, 1974, pág. 137.

[iv] ADOLFO GILLY, Historia y poder, en Nexos (México), nº34, octubre de 1980, pág 3.

[v] H.I. Marrou, El conocimiento histórico. Barcelona, Labor, 1968, pág. 37.

[vi] JOSE ORTEGA Y GASSET, La Filosofía de la Historia de Hegel y la historiografía, en HEGEL, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, pág.17.

[vii] MARROU, El conocimiento histórico, pág.12.

[viii] IBID,. págs. 137-138.

[ix] IBID,. Pág. 147.

[x] Véase el artículo de JOSEP FONTANA I LÁZARO, Ascens i decadencia de LÉscola dels “Annales”, en Recerques (Barcelona), nº4, 1974, págs. 283-298.

[xi] Véase a este respecto los planteamientos que sobre la epistemología de la historia y de las ciencias sociales en general hace CIRO F.S. Cardozo, Introducción al trabajo de la investigación histórica. Barcelona, Crítica, 1981.

Políticas de la Iglesia de Brasil y Chile frente al militarismo latinoamericano.

Políticas de la Iglesia de Brasil y Chile frente al militarismo latinoamericano.

Bajo el tenso clima de la Guerra Fría (1945-1989), Estados Unidos, como cabeza del así llamado Bloque Occidental, inició una serie de acciones para mantener, en su lugar del globo una hegemonía que impidiera que los “otros” crecieran o que aumentaran su poderío. Ante la coyuntura de la imposición de un régimen comunista en Cuba, se vieron obligados a reaccionar de formas más drásticas. Fue así como se desarrolló el período de los militarismos en América Latina, gobiernos que privilegiaban ante todo la Seguridad Nacional en el territorio de la periferia de Estados Unidos con una clara guía del mismo.

Muchos de estos gobiernos se vivieron con una represión inédita en América, lo que provocó inmediatas reacciones de muchos sectores tanto del interior como exterior del continente. Uno de ellos fue la Iglesia Católica. A pesar de lo que se pueda pensar, no todas las Iglesias Nacionales de América reaccionaron como entes que llamaban la atención ante los atropellos humanos, muy contrario a esto, gran parte de ellas se mantuvo al margen de los procesos. Sin embargo, hubo naciones en los que la acción de la Iglesia Católica fue clave no sólo para proteger los Derechos Humanos sino también para ser portavoces efectivos de los problemas y anhelos de parte de las poblaciones locales, a pesar que muchas veces, podían tener un cariz que distaba de los planes de la Iglesia en sí para con el mundo, fueron los casos de Brasil y Chile. Suponemos que esto se debe a las políticas que la Iglesia del entonces, hija del Concilio Vaticano II que promulgó, entre otras cosas, la defensa de los oprimidos de nuestra sociedad[i]. Invitamos pues a encontrarnos con los casos ya mencionados para ver cómo se manejó la Iglesia frente a las políticas militaristas.

Brasil: Desde ya hace algún tiempo, la Iglesia brasileña se encontraba en un clima de introspección, esto debido principalmente a las profundas repercusiones que tuvo en el mundo el Concilio Vaticano II que proponía toda una renovación institucional a nivel mundial. Por lo mismo, en una primera etapa, ocurrido el Golpe Militar en Brasil –el primero reconocido como el inicio del militarismo en América- los religiosos vieron en estos acontecimientos la oportunidad de realizar los cambios a los que habían sido llamados desde arriba. Las primeras relaciones con los gobiernos militares fueron de un tono suaves, sin grandes críticas, de un corte armónico[ii]. Pero, entre los primeros que habrían sido tocados por la represión política estaban los sectores progresistas, dentro de los mismos, se encontraban estudiantes, un grupo inmensamente cercano a la Iglesia Católica, fue entonces cuando a finales de los ’70, determinados grupos religiosos decidieron unirse a las manifestaciones de los estudiantes[iii].

Ante esta situación, los militares reaccionaron desde la legalidad suprimiendo gran parte de los derechos civiles[iv], con esta capacidad el gobierno comenzó su etapa más represiva donde incluso miembros del clero fueron fuertemente perseguidos, en especial, los que eran extranjeros. Se los veía como una amenaza interna, demasiado pluralistas, con ideas en extremo modernas y progresistas. Sólo se rescataba a movimientos eclesiales de corte conservador como Tradición, Familia y Propiedad, quienes sentían afinidad con el gobierno de turno. Pero en el mismo período surgiría una nueva generación de obispos que abrazarían los ideales del Concilio Vaticano II y la recién concluida Conferencia Episcopal de Medellín, lo que empujó a la Iglesia a tomar una postura más decisiva con respecto al régimen militar[v]. Se crea entonces ese mismo 1968, la Comisión de Paz y Justicia con el fin de investigar casos de tortura o desaparecidos, denunciar abusos, y las violaciones a los Derechos Humanos, todo esto, la Iglesia de Brasil lo hizo efectivo a través de un notable plan de investigaciones: de acciones que buscaban hacer que la ciudadanía entera y el mundo se dieran cuenta de la situación que se vivían en Brasil. Fue así como la Iglesia se fue uniendo en un solo bloque transformándose en la voz efectiva del pueblo y la primera institución en presentarse como contraria al régimen. Se trataba de una experiencia sui generis que en el Caso de Brasil se hace patente en la inclusión hasta el último momento de la mayor parte de los miembros del CNBB (Conferencia Nacional de Obispos de Brasil) pero también significó el compromiso de la Iglesia con los que más lo requerían, con los que no tiene protección y son objeto de todos los abusos. Con posterioridad, la misma institución invitará de manera entusiasta a toda la población del Brasil, a luchar por la vuelta efectiva a la democracia, cosa que no se lograría sino tras años de ensayos y de una madurez de los mismos planteamientos de la Iglesia brasileña pero que culminaría hacia 1985[vi].

Chile: Cuando el 9 de octubre de 1973, la Iglesia Católica mediante Decreto 158-73 del Arzobispado de Santiago decide formar el denominado Comité de Cooperación para la Paz en Chile[vii], ya definía de forma oficial el rol que iba a asumir en relación al nuevo régimen que se había instaurado hace menos de un mes cuando mediante un Golpe de Estado, las Fuerzas Armadas, al mando del General Augusto Pinochet, derrocan por la vía violenta al gobierno de la Unidad Popular, instaurando de esta manera una dictadura que se prolongaría por 17 años, los cuales estuvieron marcados por los profundos cambios del sistema político, económico y social, como también por la sistemática violación a los Derechos Humanos.

Pero desde ya no podemos entender esta suerte de compromiso suscrito por la Iglesia y los que comenzaban a hacer perseguidos por le nuevo régimen no es una casualidad que podamos atribuir tan sólo al hecho coyuntural que se había propiciado el 11 de septiembre del mismo año, sino que esta postura refleja algo más profundo: la continuidad de un vínculo que había cimentado la Iglesia con los sectores populares de nuestro país y el continente hace no muchos años atrás, cuando a través del Concilio Vaticano II[viii] y los hechos ocurridos en Medellín, la Iglesia se define como la Voz de los sin Voz, es decir ser la portavoz y el estímulo para el conjunto de reformas sociales que eran necesarias para poder llevar adelante los cambios que hicieran más soportables las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad de la época.

Es por esto, que ante el conjunto de acontecimientos que se venían propiciando en Chile, con posterioridad a 1973, el primer mensaje y la primera actitud que nace de la Iglesia es una llamado a la reconciliación, una suerte de consenso nacional que permitiera alcanzar, en el más breve lapso, la normalidad interrumpida por la crisis institucional que había llevado a la intervención militar, lo que da cuenta de la vocación de proteger, por la vía de un mensaje de paz, a quienes comenzaban a ser las víctimas del régimen. Es así que se consolidan figuras tan importantes como la del Cardenal Raúl Silva Henríquez, quién como cabeza del catolicismo chileno, desde el primer momento adopta una actitud de ser el que aboga para bien ante una situación que comenzaba a vivir, marcando un distanciamiento entre la Iglesia y el Régimen, buscando así que no quedara duda sobre una posible legitimación de las acciones acontecidas hasta ese momento.

Es una suerte de doble juego[ix] que refleja en la aceptación de la Iglesia de la realidad de facto: su posición era que el régimen era producto de la salida inevitable a la crisis política, pero, a su vez, elaboró una estrategia política para evitar ser considerada como enemiga del régimen. Pero, además, se agrega la labor de comenzar a proteger, de forma explícita, y, sin mayor disimulo, a quienes recurrían a ella como la única institución que iba a hacer las veces de “garante” de su condición particular, ante el continuo enfilamiento del Poder Judicial, con las nuevas autoridades y la clausura del Poder Ejecutivo, por las mismas. Dentro de estos casos, en particular, se pueden contra aquellos que veían ante sí el riesgo de ser eliminados por los organismos armados del Estado o los organismos de seguridad que se constituyeron con posterioridad, eventos y circunstancias que propiciaron las primeras acciones legales presentadas ante los Tribunales de Justicia.

Es esta una de las características que van a marcar el camino de la Iglesia Chilena, es decir hacer uso de los canales formales, más allá si éstos eran efectivos del todo, para garantizar el respeto de los derechos mínimos de cada uno de los ciudadanos del país. Y en el mismo sentido, se hace uso editorial por medio de las distintas publicaciones que eran de su propiedad para denunciar o al menos hacer una crítica al actuar del gobierno o derechamente para hacer un llamado al respeto y a la protección de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, podemos resumir que la Iglesia Católica chilena adopta una actitud activa, asume una responsabilidad que no es más que el reflejo de los compromisos ya adquiridos, es un actuar en consecuencia, que da cuenta de una valoración por el rol social que le corresponde, el cual va más allá de ser mero administrador de la fe, sino que en casos como los vividos, se suma a una fuerza que apela por la garantía de lo más básico, es decir la vida.

No sabemos, en realidad, porqué en estas naciones se sintió más la presencia de la Iglesia frente a los atropellos a los Derechos Humanos, lo cierto es que, en ambos casos, las políticas que adoptan las instituciones locales nos hacen mirar al pasado, al Vaticano II y a Medellín. Notamos entonces en América el eco de una Iglesia que se apronta a los cambios en el mundo, que está dispuesta a vivir la dinámica e imprime una propuesta a lo sumo interesante; el vela porque en este mundo avance, de manera inclusiva. La Iglesia, a través de esta acción, ya no está al margen de la sociedad civil, ya no es ese ente que se mantenía al margen sino que se compromete como un contendor más en los conflictos sociopolíticos. A partir de estos casos inferimos que la Iglesia nunca más será el ente reconciliador al que se le pedía ser árbitro, sino que participará como un actor. No sólo avanzó en planteamientos; la Iglesia dio un salto como participe de la esfera civil.


[i] MORENO, Fernando: Iglesia, Política y Sociedad. Universidad Católica de Chile Ediciones. Santiago, 1988. P.130. El Concilio habría extraído como conclusión la necesidad de una etapa de humanización en donde se defendiera la dignidad natural y sobrenatural de los hombres.

[ii] BERNAL, Sergio. Pp 56-57. Este cambio estructural apuntaba a un nuevo enfoque de atención: los pobres y oprimidos de nuestras sociedades.

[iii] KAIBER, Jeffrey: Iglesia, dictaduras y democracias en América. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1997. Esto se manifiesta con la creación, previa al militarismo, de la Juventud Católica Universitaria (JUC), un grupo de acción de laicos con un fuerte vínculo con la Iglesia. A esto se suma la Juventud Católica Obrera (JOC).

[iv] BERNAL, Sergio. OP.cit. p.103. Entre dichos actos se encontraba la disolución del Parlamento, la eliminación del derecho de “habeas corpus”, la impresión de amplios poderes al Ejecutivo e incluso se repuso la pena de muerte, todo esto dentro del contexto del Acto Institucional Número 5.

[v] BERNAL, Sergio. P.125.

[vi] Ibíd. pp. 239-241. A este proceso el autor lo llama “la madurez para la Conquista de la Libertad”.

[vii] CAVALLO, Ascanio (Et.al). Editorial Grijalbo. Santiago, 1997. P.87. Hay que hacer mención que este Comité “Pro Paz”, como es conocido, junto con ser una iniciativa de carácter ecuménico, es decir incorporaba a la mayor cantidad de credos religiosos, así como agrupaciones laicas, terminó siendo el antecedente de la conocida “Vicaría de la Solidaridad”, nacida en 1975.

[viii] El concilio presentó a la Iglesia como la Iglesia de los Pobres, tal y cual como lo expresó Juan XXIII, el 11 de septiembre de 1962.

[ix] CRUZ, María Angélica: Iglesia, represión y memoria: El caso chileno. Editorial Siglo XXI. España, 2001. P.3.