Perú: El eterno retorno de lo idéntico

Por Anddy Joel Landacay Hernandez (*)

Una de las teorías más fascinantes de los libros de NIETZSCHE ha sido la del “Eterno retorno de lo idéntico”. En La Gaya Ciencia Nietzsche se pregunta:

“Qué sucedería si de día o de noche te siguiese un demonio a la más apartada de tus soledades y te dijese: “Esta vida tal como tu la vives actualmente, tal como la has vivido, tendrás que revivirla una vez más, y una serie de infinitas veces; nada nuevo habrá en ella; al contrario, es preciso que cada dolor y cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro, todo lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño de tu vida vuelvas a pasarlo con la misma secuencia y en el mismo orden…””.

La respuesta es a todas luces terrible. Cualquiera diría que esa conclusión sólo llevaría a la locura y haría de la vida un “peso insoportable”. No obstante, en nuestro país la teoría de NIETZSCHE calza con una dramática precisión. El último proceso electoral es el más claro ejemplo de ello.

Una y otra vez nuestra curiosa historia nos demuestra que NIETZSCHE no estaba tan loco como pensábamos. Los “círculos viciosos” en los que caemos constantemente calan perfectamente en esta controvertida teoría y hacen suponer s los analistas que los peruanos tenemos algún extraño mecanismo que hace deficiente nuestra memoria a corto plazo.
Manuel PRADO regresó de Europa en 1956 y ganó con el 45% de los votos. Otra vez los APRISTAS se aliaron con el poder a pesar de haber sido declarado ilegal durante el primer gobierno de PRADO. La famosa “CONVIVENCIA”se acabaría en 1962 al ser derrocado por un golpe militar.

En las elecciones de 1962 compitieron Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaunde Terry y Manuel A. Odría, como ninguno alcanzó el tercio de los votos, la ley electoral obligaba a que el parlamento escogiera al presidente. En esta ocasión ocurre una de las triquiñuelas históricas del APRA, el pacto con el partido de ODRIA para catapultar al poder al dictador. De no ser por el golpe de los generales PEREZ GODOY y NICOLAS LINDLEY a MANUEL PRADO Odría hubiera gobernado otra vez.
En 1963 con Haya de la Torre y Odría vetados por las fuerzas armadas es elegido FERNANDO BELAUNDE que llegó con grandes expectativas, sin embargo la historia se repetía y la impopularidad de su gobierno sería aprovechado por el General Velasco quien lo sacaría del poder en 1968 tras un nuevo golpe de Estado. Pero como la historia (sobre todo la del Perú) se repite, en 1980 y con el repudio hacia las dictaduras volvería al poder y con él la democracia.

Ya en el 2001 Alan García había sorprendido a todos los analistas que pensaban que era un “cadáver político” tras su desastroso gobierno en 1985 y la inminente desaparición del APRA en los 90 cuando tenía solo un 3% de simpatizantes. En esa ocasión Alan García , en una galopante competencia, le arrebató el segundo lugar a Lourdes Flores pasando a la segunda vuelta donde sería derrotado por Alejandro Toledo. El “antivoto” o “Voto de resistencia” impidió que el líder aprista llegara a PALACIO.

¿Suena familiar? Claro que sí. En 1990 Vargas Llosa es derrotado en segunda vuelta por el “independiente” Alberto Fujimori. En esa oportunidad se votó en contra de Vargas LLOSA que representaba a la “derecha reaccionaria y tradicional” y se optó por un “cheque en blanco” que era Cambio 90. Vemos como el tiempo demostró que los intereses que defendería Fujimori estaban bastante lejos de ser los de las mayorías que lo escogieron.

En las elecciones fraudulentas del 2000 que llevarían a un nuevo gobierno del dictador Alberto Fujimori no se votó por Toledo por sus cualidades de Estadista, ni por sus discursos, se votó por él por cuestiones coyunturales de fuerza, fue el “abanderado” de la democracia frente a la tiranía corrupta fujimontesinista. Era la lucha por la libertad y contra la dictadura. Una vez más. El “voto de rechazo”.
En el 2001 con Alan García como un peligro latente en la segunda vuelta el miedo jugó su papel. Toledo ya demostraba bastantes limitaciones para ejercer la presidencia incluída las acusaciones de Zaraí reclamando su reconocimiento. Sin embargo, frente al recuerdo de los terribles años del aprismo en el poder el “Antivoto” entró a tallar una vez más y los mecanismos de la derecha en los medios de comunicación también. Alejandro Toledo ganaría porque era “el mal menor” frente a la demagogia aprista.

Como si fuera un calco de la elección anterior, este año , nuevamente Alan García dejó atrás a Lourdes Flores por un mínimo porcentaje de votos y pasó a segunda vuelta con el candidato “nacionalista” OLLANTA HUMALA. Y es en ese momento que ocurrió una de las más grandes paradojas de la historia peruana: la derecha tenía que optar entre vencer el asco a votar por un candidato aprista, o el temor a una dictadura pro-velasquista encarnada en el candidato OLLANTA, y que colisionaba directamente con sus intereses históricos.

Al final los mecanismos se activaron y los medios de comunicación como por “arte de magia” se olvidaron completamente de todas las perlas del primer gobierno de García que en la segunda vuelta de la elección anterior recordaban a cada instante y atacaron frontalmente el peligroso autoritarismo de Humala. Es muy significativo que haya sido la “Sólida Lima” quien definió la elección a favor del APRA, cuando históricamente ésta le había mostrado su rechazo. Nuevamente se ha optado por el “mal menor”, no se ha votado “A FAVOR DE”, sino en “CONTRA DE”.

La historia se ha repetido, lo peligroso de estos resultados es que se ha evidenciado con más fuerza las profundas desigualdades que existen en nuestro país y lo dividido que está el mapa político. El triunfo aprista es un espejismo. Con 15 departamentos que le dieron el “Sí” masivamente a OLLANTA es una clarinada de alerta para la capital que tradicionalmente ha estado de espaldas a las demandas del resto del país. Contrariamente a lo que decía Valdelomar. “El Perú no es Lima” y si no se atienden esas demandas evidentes no sería de extrañar que así como otros presidentes llegaron con los votos se vayan con las armas. Comprobada la teoría de NIETZSCHE.

(*) 28 años, periodista y comunicador social por la Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú.

Referencias:

– Landacay Hernandez, Anddy Joel: “Perú: El eterno retorno de lo idéntico”, en El Rincón de Anddy, 12-06-2007, consultado el 11-07-2008.
<http://landacay.blogspot.com/2007/06/per-el-eterno-retorno…>

– “Nietzsche por Munch” [Retrato] en Nietzsche en Castellano, consultado el 11-07-2008.
<http://www.nietzscheana.com.ar/nietzsche_por_munch.htm>

Hugo Pereyra Plasencia, El método de la Historia Política

Por Hugo Pereyra Plasencia (*)

¿Cómo enfrentarse a un tema que se aparece a nuestra vista como un mar de personajes y de fechas? En primer lugar, hay que tener clara la imagen que sobre el particular nos ha transmitido el historiador francés Fernand Braudel: el centro de nuestra atención –el entramado de los acontecimientos políticos– es como la superficie de un océano por debajo de la cual se agitan corrientes gigantescas que son una metáfora de las grandes fuerzas impersonales de la Historia. Entre éstas cabe citar, por ejemplo, en un nivel milenario, factores demográficos, idiomático-culturales y tecnológicos. También, más próximos a los acontecimientos históricos, encontramos elementos, en su mayoría centenarios, como las instituciones políticas de diversa naturaleza, entre las que sobresale su reina: el estado moderno.

He aquí otra idea que nos puede ayudar: los acontecimientos políticos son historia fugaz, mal registrada, y muchas veces no registrada, o con registro perdido (como ocurrió con los mochicas o los nazcas). ¿Dónde radica la diferencia, por un lado, entre un asesinato político o el discurso improvisado de un caudillo y, por otro, un idioma o la tecnología de construir y hacer funcionar molinos y acueductos? Si no hay un periodista, un analista o un simple testigo que las registre, las entidades del primer tipo –los acontecimientos políticos– se desvanecerán en el tiempo. Las entidades del segundo tipo no requieren registro: son estructuras (así las llamaremos) de desgaste lento, tenaces sobrevivientes de plagas, destrucciones, guerras e invasiones, o del simple paso del tiempo. Los contemporáneos raramente hablan de estas estructuras: simplemente las utilizan y las recrean de manera colectiva. A veces conocemos cuáles fueron algunas de las estructuras de un pueblo perdido del pasado –y nos referimos aquí a estructuras físicas– a través del rastro o de las “ruinas” que han llegado hasta el presente. Esto ocurrió con gran parte del saber andino que conocemos hasta nuestros días, reconstruido a partir de aproximaciones arqueológicas. El castellano puede considerarse también como una estructura. En verdad, este idioma es una poderosa herencia espiritual cuyo origen remoto puede rastrearse en la introducción del latín por los romanos en la antigua Hispania.

Lo que hay que tener en claro es que los acontecimientos políticos y las estructuras forman parte de un mismo paquete vital que nosotros abstraemos por razones de comodidad y de análisis. Tenemos que abstraerlos con el objeto de hacer inteligible el pasado. Lo importante es volverlos a integrar en la síntesis que hagamos. Lo ideal es ubicar un acontecimiento político con todo su trasfondo estructural. Aunque se trata de la simplificación de un vasto panorama historiográfico, puede decirse que los grandes maestros del análisis son los franceses. Allí están, para comprobarlo, El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la Época de Felipe II, y Civilización Material, Economía y Capitalismo, ambas obras fundamentales del ya citado Braudel, donde la realidad es dividida en niveles –casi disecada– para su mejor observación y estudio. Por otro lado, los maestros de la síntesis y de la narración son probablemente los anglosajones: la secuencia de los acontecimientos políticos aparece siempre fresca e interesante, descrita en toda su complejidad, pero también interpretada y sostenida, a cada paso, por explicaciones estructurales.

También hay que tener presente que las estructuras no sólo tienen un claro rasgo de permanencia, sino mayor fuerza explicativa en el largo plazo. Hay, por ejemplo, una relación entre los movimientos contra la esclavitud realizados en Europa entre los siglos XVIII y XIX (con toda su secuencia de discursos, protestas y otros episodios) y el desarrollo de la industrialización. De muchas formas, la mentalidad cotidiana ha sido acuñada secularmente por la tecnología. La mentalidad también es producto de tradiciones antiquísimas, muchas de las cuales –como las religiones– tienen una fuerza y una resistencia enormes.

Pero tampoco hay que sobrevalorar la observación de las estructuras. Con toda la imperfección que tienen las metáforas y los modelos para expresar la complejidad político-social (integrada por acontecimientos y estructuras), podríamos decir que, si hablamos de un concierto de música, las estructuras serían los intrumentos mismos, en tanto que los acontecimientos políticos estarían representados por la línea melódica. Recurriendo como espacio metafórico al teatro, diríamos que el escenario, la utilería, e incluso la idea de una obra serían las estructuras, mientras que la actuación y, específicamente, el diálogo, representarían los acontecimientos políticos.

Para leer el ensayo completo, puedes bajártelo aquí:

  Método de la Historia política
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Ensayo sobre la perspectiva política en el estudio de la Historia.

(*) Diplomático e historiador peruano por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Referencia al ensayo:

Pereyra Plasencia, Hugo: “El método de la Historia Política”, en Blog de Hugo, 20-03-2008, Consultado el 16-06-2008.
<http://blog.pucp.edu.pe/item/20689>

El frustrado secuestro de la CIA a ciudadanos árabes residentes en el Norte de Chile.

Diario La Nación, Santiago de Chile, 8 de junio 2008.

El frustrado secuestro de la CIA

En marzo pasado, un informe del Departamento de Estado norteamericano confirmó un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush contra el terrorismo islámico. Con autorización oficial, la CIA practicó seguimientos, escuchas telefónicas y fotografías a árabes residentes en Iquique. Pero la colaboración se acabó cuando la agencia intentó plagiar a un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah y la policía civil se negó a ser parte en el secuestro.

Con indignación reaccionó la alta funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Chile, cuando se enteró de que el grupo de agentes de la Policía de Investigaciones se había negado a cumplir una misión que para ella y la CIA era fundamental: secuestrar en Iquique al ciudadano libanés con negocios en la Zona Franca, Arafat Ismail.

M. T. (este medio reserva el nombre completo a fin de resguardar su seguridad) había llegado a Chile días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono.

En la memoria de los estadounidenses, y del mundo entero, estaba aún presente la traumática imagen del desplome del World Trade Center. Los servicios de seguridad norteamericanos redoblaron sus labores de inteligencia en zonas consideradas “sensibles”, es decir, donde se sospechaba que Al Qaeda, ponía en peligro sus intereses. Ante los ojos de las autoridades de Washington, Chile y la región de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina (ver infografía) eran unos de los principales focos de preocupación, porque allí se había detectado una la red de financiamiento que pudo haber participado en la planificación de los atentados del 11-S.

Pero, debieron transcurrir cinco años y medio para el de 30 de marzo de 2007, el Departamento de Estado norteamericano publicara un extenso informe, donde comunica detalladamente al Congreso de su país las actividades realizadas en todo el mundo a partir del 11/S de 2001, especialmente las de los últimos años.

Sobre Chile, Condoleezza Rice destaca que “funcionarios (chilenos) monitorearon posibles vínculos entre extremistas de la Zona de Libre Comercio de Iquique (Zofri) y los del área de la Triple Frontera, cuando aumentan los lazos comerciales entre ambas áreas”.

Destaca, además, la cooperación desde un comienzo con Estados Unidos una vez firmados los convenios sobre la lucha antiterrorista tras los ataques en Nueva York y Washington. En la práctica, esto derivó en un intercambio no sólo a nivel policial, sino en la creación de un sistema que facilitó la intervención, en toda Sudamérica, de los organismos de inteligencia de EEUU, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA).

Y así fue como esa fresca mañana de marzo de 2002 un equipo de agentes encubiertos de la CIA en Iquique preparaba la que sería una de las acciones más audaces en la región. Los cinco personajes esperaban las órdenes del líder del grupo, una mujer robusta e impecablemente vestida, que se movilizaba en un vehículo con patente roja: era M. T.. Para el común de la gente, ella sólo cumplía labores diplomáticas, pero en verdad era la jefa de la CIA en Chile.

La relación con los hombres de Bin Laden

La agente estadounidense tenía una carpeta con las actividades de árabes, residentes en Iquique, que mantenían un creciente flujo comercial con la región de la Triple Frontera.

En el papel Assad Ahmad Barakat figuraba como uno de los principales sospechosos a cargo de construir una compleja trama financiera entre sociedades comerciales ubicadas en la Triple Frontera e Iquique. Así lo entendió la prensa internacional que, a partir de 2001, ya lo mencionaba como uno de los principales financistas de Al Qaeda.

Pero la información que tenía M. T. involucraba a uno de los más cercanos colaboradores de Barakat: Arafat Ismail, un ciudadano libanés residente en Iquique, que según ella estaba directamente relacionado con los mujaidines de Osama Bin Laden. Este personaje había arribado al aeropuerto de Iquique el 17 de junio de 2001.

Tales eran las sospechas sobre Barakat e Ismail, que cinco meses antes de la llegada de la jefa de la CIA, y del 11-S, el grupo de cinco agentes de la repartición de inteligencia, ya escudriñaba en Iquique cualquier acción sospechosa.

La Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), que en ese entonces dirigía el prefecto Luis Henríquez también tenía informes que apuntaban hacia Ismail. Según los antecedentes -a los que LND tuvo acceso- Ismail mantenía una casilla en el mismo banco estadounidense desde donde sacaba dinero Mohamed Atta, el mismo que el 11 de septiembre de 2001 piloteó uno de los aviones que impactó en el World Trade Center. En otras palabras, había serias sospechas de que Ismail formara parte de la célula que participó en los atentados en EEUU.

Tras meses de monitoreo de los agentes de la CIA, apoyados por los detectives de inteligencia de Investigaciones, llevaron a que la diplomática tomara una decisión radical para terminar con aquella red.

El plan que tenían los estadounidenses parecía simple. Harían todos los arreglos para que ingresara un avión de transporte indetectable a los radares. Aterrizaría a poca distancia de Iquique, en pleno desierto. Los policías chilenos debían cumplir con el trabajo operativo: apresar al libanés y transportarlo hasta el lugar. Ahí terminaba su labor. Si bien los estadounidenses no comentaron donde lo llevarían, señalaron que necesitaban urgentemente someterlo a un interrogatorio. Aunque nunca se conversó de manera explícita, los agentes de la policía civil sabían que su destino sería la cárcel de Guantánamo o algún centro clandestino.

Lo que sí se encargaron de asegurar los integrantes de la CIA es que Chile no se vería involucrado, ni siquiera de forma indirecta, en la operación. Se informaría oficialmente que Ismail había sido apresado dentro de las fronteras de Estados Unidos.

Como argumento a su favor, los estadounidenses contaban que cuando Arafat Ismail ingresó a Chile, entregó como domicilio privado el mismo departamento de calle Arturo Prat en que había fijado su residencia Barakat.

La presión que ejercieron los agentes de la CIA fue extremadamente fuerte. Al arduo trabajo de los seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías y análisis a las empresas de los ciudadanos de origen libanés en Chile, ahora se sumaba la voluntad expresa de la inteligencia estadounidense de cometer una acción que, para los chilenos, era absolutamente ilegal y contraria al Estado de Derecho.

Financiamiento a Hezbollah

A través de un oficio secreto del 7 de noviembre de 2001, el entonces director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, solicitó al Ministerio del Interior que aplicara la Ley 18.314 de Seguridad del Estado, lo que daría paso al nombramiento de un ministro en visita. En esa ocasión, Mery adjuntó una minuta secreta, firmada por el jefe de la Jipol, Luis Henríquez, donde se detallaba una serie de antecedentes recopilados por la inteligencia de Paraguay y la CIA. Ésta daba cuenta de la relación de un grupo de ciudadanos libaneses con pasaporte paraguayo, que habrían estado vinculados al atentado de la AMIA en Buenos Aires en 1994. Según la policía civil, los libaneses efectuaban un fluido intercambio comercial y constantes viajes a la ciudad de Iquique, que a simple vista no llamaban la atención a nadie.

El 9 de noviembre, el Ministerio del Interior aprobó el requerimiento de Mery y la corte nombró como ministro en visita a Juan Muñoz Pardo.

Apenas cuatro días más tarde, el juez citó a declarar en la causa al propio Henríquez. En su testimonio, el jefe policial señaló: “En el mes de mayo del presente (2001) recibí la petición de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica de activar planes de búsqueda de información relativa a verificar el comportamiento sospechoso en materia comercial de ciertos ciudadanos libaneses que tenían negocios en Ciudad del Este, en Paraguay, y residencia en Foz de Iguazú, Brasil. En atención a que se había interceptado información en el Medio Oriente de que se iba a producir un grave atentado a los intereses de Estados Unidos en alguna parte del mundo”.

Además, señaló al juez que, luego de los atentados del 11 de septiembre, se dio cuenta de que la información que manejaban los estadounidenses era veraz. “Por lo tanto, extremamos nuestros servicios en esa zona, ya que en el correr de los días empezaron a aparecer informaciones en los países de Brasil y Paraguay, que indicaban las sospechas de que muchos de los ciudadanos que allí residen, enviaban importantes sumas de dinero, mencionando incluso millones de dólares a Hezbollah para financiar acciones terroristas en distintas partes del mundo, del cual no podría descartarse Chile”, indicó Henríquez.

Aunque no lo declaró judicialmente -para mantener la mayor discreción en Iquique-, la policía civil decidió crear el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAET), una unidad de elite que respondía exclusivamente a Henríquez. Su misión se concentró en investigar a los ciudadanos libaneses que migraban constantemente a la ciudad, mezclarse con el entorno, seguir sus pasos y, también, reclutar informantes que permitieran desbaratar otra operación terrorista o entregar más datos sobre los responsables del 11/S.

Dicha unidad logró recabar una información aún más preocupante. Con los datos entregada por el Departamento de Control de Fronteras, analizaron los viajes de ciudadanos de origen libanés desde julio de 2001, detectando que cada mes llegaban y salían del país un promedio de tres individuos de esa nacionalidad: los lunes, miércoles y viernes. “Es dable señalar que el día viernes 7 de septiembre de 2001, hicieron abandono del país 11 ciudadanos de origen libanés y, desde ese día hasta el 19 de septiembre no se registró movimiento migratorio de personas del Medio Oriente a Iquique, reanudándose estos el 19 de septiembre”, señala uno de los informes secretos.

LND se reunió con el ex jefe de la Jipol en un café de Ñuñoa. Con el instinto policial intacto y pasados varios años de su retiro, Henríquez narró algunos pasajes de la investigación conjunta con la CIA. “Al principio creímos que era Hezbollah, pero luego nos fuimos dando cuenta de que las personas a las que seguíamos podían corresponder a Al Qaeda”, señala. Era importante determinar si la célula investigada pertenecía o no a Hezbollah, puesto que está organización no debiera mantener vínculos con Al Qaeda. Ambas representan corrientes opuestas del Islam: la primera es shiita; la segunda, sunita.

Aunque Luís Henríquez declinó referirse a los planes de secuestro de Arafat Ismail confirmó que hubo un momento en que las relaciones con M. T., la jefa de la CIA en Chile, se deterioraron gravemente.

Ahmed Barakat y la triple frontera

Recién comenzada la investigación judicial en Chile, el principal sospechoso era Barakat, ya que en ese momento se encontraba prófugo de la justicia paraguaya, procesado por los cargos de asociación criminal, apología del delito y evasión tributaria.

El informe secreto que el propio Henríquez entregó a Nelson Mery y que sirvió de base para que se nombrara un ministro en visita por posibles acciones terroristas, señala que “según la Secretaría de Prevención del Terrorismo de Paraguay, Barakat es jefe militar de Hezbollah en la triple frontera. De acuerdo a los antecedentes que maneja investigaciones, ingresó a Chile el 25 de junio de 2001, momento en que realizó los trámites para concretar su solicitud de residencia, registrando como domicilio particular Avenida Arturo Prat número 2748, departamento 11”, Iquique.

De ahí en adelante las informaciones obtenidas por la policía chilena se combinaron con las de la CIA. Con una asombrosa habilidad, que llamó la atención de los estadounidenses, algunos de los detectives chilenos lograron infiltrarse dentro de la red de ciudadanos libaneses sospechosos de formar parte de la trama financiera del terrorismo islámico. Posteriormente, incluso lograron que un descendiente de árabes residente en Iquique, que trabajaba en las empresas relacionadas con Barakat, se transformara en informante pagado.

Con estos antecedentes, más la compleja trama de empresas que habían constituido los libaneses en Iquique, el 7 de noviembre de 2001 el ministro Muñoz dictó una orden de arraigo sobre doce ciudadanos libaneses residentes en nuestro país.

A cuenta del Tío Sam

Como las indagaciones se concentraban exclusivamente en Iquique, Muñoz entregó el caso a Jaime Chamorro, ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Eran los últimos días de noviembre del 2001.

De inmediato, el nuevo juez se informó de los antecedentes recopilados y se puso a trabajar con los mismos agentes de la DAET, que ya llevaban varios meses pesquisando las actividades de los empresarios libaneses de la zona. Chamorro dispuso la incautación simultánea de varios locales y bodegas de la Zofri, y practicó interrogatorios a los libaneses con orden de arraigo, pero no logró comprobar ningún ilícito, por lo que decidió levantar la medida cautelar.

Sin embargo, la decisión judicial no significó en la práctica que los efectivos de la Policía de Investigaciones cortaran el trabajo con la CIA. De hecho, mientras los agentes norteamericanos se hacían pasar por empresarios y se alojaban en los hoteles más costosos de la zona, como el Terrado Suite, los policías chilenos también trabajaban con identidades falsas.

Según fuentes allegadas al caso, el organismo de inteligencia estadounidense aportaba mensualmente 20 millones de pesos para financiar los gastos de los agentes chilenos en el norte. Con eso tenían suficiente para pagar arriendos de tres departamentos -que superaban los 600 mil pesos al mes- y así resguardar las identidades que habían creado con el mayor cuidado.

Uno de los policías que actuó en ese grupo recuerda la buena relación que tenían con los agentes de la CIA. “Ellos traían todo tipo de material electrónico. Cuando necesitábamos saber lo que sucedía al interior de una casa, les avisábamos, ellos entraban en un segundo, instalaban los micrófonos y luego nos entregaban los aparatos de escucha. Todo eso lo regalaban, aunque a cambio ellos solicitaban las grabaciones de las conversaciones”, señala. Otro funcionario de Investigaciones, que participó como asesor en aquella operación, asegura que “también regalaron a la policía computadores personales Sony de última generación, del tamaño de una agenda y extremadamente delgados. En ese tiempo nada de eso se veía en Chile. Dentro del trabajo de inteligencia, esto es normal y forma parte de la cooperación y el intercambio entre los organismos”.

EL PLAN MAESTRO

A estas alturas, ya entrado marzo de 2002, los funcionarios de la CIA eran cada vez más insistentes respecto a la necesidad de apresar a Arafat Ismail. Un testigo ocular de una tensa conversación entre la diplomática y uno de los jefes del grupo de policías chilenos aseguró a LND que “se hizo una petición explícita para que el equipo chileno apresara al libanés en el menor tiempo posible”.

Pero los detectives se ciñeron la Constitución chilena y se excusaron señalando que no tenían una orden judicial ni razones concretas para sospechar que Ismail había cometido un ilícito en territorio nacional. La misma fuente, relató que “la funcionaria dijo que lo único que teníamos que hacer era agarrarlo y llevarlo para que ellos lo sacaran en un avión”.

Los policías chilenos insistieron en que llevar a cabo esa acción importaba una abierta violación a los derechos de Ismail, lo que, según las mismas fuentes, a la larga resultó determinante para evitar el secuestro.

“No sólo era una acción ilegal y contraria al Estado de Derecho. Si hubiésemos colaborado, habríamos puesto al país en riesgo máximo de recibir una represalia de alguno de los movimientos islámicos fundamentalistas, como ha ocurrido en otros países”, asegura un alto jefe policial de la época.

Los antecedentes con que cuenta este medio indican que los funcionarios chilenos que se negaron a cumplir la misión especial de la CIA, dieron cuenta al director de la Jipol, Luis Henríquez. A los pocos días, Arafat Ismail dejó el país por su cuenta y, en octubre de ese año, la funcionaria de la embajada de EEUU en Chile y encargada de la CIA abandonó el país.

Durante la invasión de Estados Unidos a Irak, en 2003, el Presidente Ricardo Lagos cuestionó la urgencia de esa guerra y ordenó a su embajador en Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, votar en contra de una acción militar contra Irak en el Consejo de Seguridad. La decisión del ex Mandatario no sólo fue asumida corriendo el riesgo de que la Casa Blanca decidiera echar pie atrás al TLC con nuestro país, que debía firmarse por esos días.

Hace dos semanas, Chile fue elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A los pocos años del 11/S, desde Europa se conocieron los primeros antecedentes sobre secuestros de supuestos militantes de organizaciones terroristas islámicas, articulados por agentes estadounidenses, que fueron llevados a la cárcel de Guantánamo y centros de reclusión secretos, donde muchos de ellos permanecen aún detenidos. Sin defensa, sin juicio, sin derechos.

Fuente: <http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic…>

Declaración Ni con K ni con C

Veo en De igual a igual, que publican una declaración formulada por intelectuales, estudiantes, artistas y trabajadores con motivos del conflicto “gobierno vs. campo”. Recordando un poco una pequeña reflexión personal al respecto, me resulta interesante difundir este texto, como un elemento más para pensar lo que nos está pasando:

Ni con el Gobierno ni con las Entidades Patronales del Campo

La disputa entre el gobierno nacional y las entidades patronales “del campo” es una pelea entre dos sectores capitalistas que defienden intereses completamente ajenos a los trabajadores. Con el aumento de las retenciones, el gobierno no pretende recaudar fondos adicionales para aumentar jubilaciones, salarios de los trabajadores estatales o los presupuestos de salud y educación, sino contar con recursos para garantizar el pago de la deuda externa, los subsidios a los empresarios amigos y fondos para favorecer la alianza de intendentes y gobernadores. Por su parte, el lock out de las patronales agrarias, donde los intereses de los grandes propietarios y productores agrupados en la Sociedad Rural pretenden ser camuflados bajo los propietarios de menor peso agrupados en la Federación Agraria, expresan la mera búsqueda de una mayor rentabilidad por parte de un sector que ha embolsado cuantiosas ganancias gracias al doble efecto de la devaluación y el aumento de los precios internacionales de los productos que exportan, en particular la soja. No extraña por ello que, si bien no participa de la Comisión de Enlace entre la SRA, CRA, Coninagro y FAA, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), donde se nuclean los grandes productores sojeros, apoye abiertamente la protesta patronal.

En el debate público se ha pretendido limitar las opciones políticas al alineamiento con alguno de estos dos bandos igualmente defensores de los intereses del capital. Los intelectuales, docentes universitarios, profesionales, periodistas y trabajadores de la cultura que suscribimos esta declaración, por el contrario, creemos necesario intervenir en este debate para plantear la necesidad de una salida independiente en favor de los trabajadores.

Es falso que este gobierno confronte con los “intereses económicos más concentrados”, como algunos quieren hacer creer. Al contrario, los Kirchner los han favorecido en sus casi cinco años de gobierno. ¿O el petróleo no sigue en manos de la Repsol y un puñado de empresas más? ¿O no es un escándalo el saqueo que realizan las multinacionales mineras? ¿O los grandes industriales hoy beneficiados con el favor oficial no fueron tan golpistas como la oligarquía agraria? ¿O no es obsceno el negociado del “tren bala” mientras la red ferroviaria sigue destruida? ¿O la tierra no sigue concentrada en 4000 grandes propietarios agrarios que poseen 85 millones de hectáreas, la mitad de las tierras cultivables en nuestro país, por las que pagan impuestos miserables? ¿O el 40% de producción sojera no está concentrada en apenas un 2,2% de los productores, como ahora señala en sus discursos la presidenta como si nada tuviese que ver con ello? ¿O no es un hecho que cinco grandes empresas (Cargill, Dreyfus, Bunge, Vicentín, Aceites General Deheza) concentran la casi totalidad de las exportaciones de granos, incurriendo incluso en múltiples estafas -que sobrepasan los 3 mil millones de dólares- a la hora de liquidar las retenciones que descuentan del precio que pagan a los productores al fisco? Los Kirchner ni siquiera han impulsado, teniendo mayoría propia en el parlamento, la derogación de la ley videlista 22.248 que permite la brutal explotación de los trabajadores rurales, que tienen los salarios peor pagos del país y de los cuales un 75% está “en negro”. ¿O no es también este gobierno el que pacta los “techos salariales” con la burocracia sindical mientras reprime a los trabajadores cada vez que se le hace necesario, como en el Casino Flotante y en Mafissa?

Por el lado de quienes desde una supuesta posición de izquierda o “progresista” apoyan el lock out, el argumento de que apoyan a los “pequeños y medianos productores” es insostenible. ¿O la Federación Agraria no forma hoy parte de un bloque políticamente indiferenciado con la oligarquía nucleada en la Sociedad Rural? Lo que demanda la FAA es que no sólo sus afiliados sino también los grandes propietarios y, aún, los pooles de siembra a los que critican verbalmente paguen la menor cantidad de retenciones posibles. Esto no es una casualidad. Los sectores más bajos de la burguesía agraria nucleados en la FAA son parte de la llamada “alianza sojera”, que no ha vacilado en recurrir a la expulsión sistemática de sus tierras de miles de campesinos pobres y sostiene la explotación brutal de los peones rurales.

Frente al actual estado de cosas, los planteos de ambos sectores llevan al agravamiento de la situación de los trabajadores, que ven como los salarios se deterioran día a día producto del alza inflacionaria.

Quienes adherimos a esta declaración creemos que es necesario sostener una clara posición independiente de estos dos bloques capitalistas. Por el contrario se trata de unir frente a ellos a la clase trabajadora de la ciudad y el campo, a los campesinos empobrecidos, a los estudiantes… Estamos por la nacionalización de la gran propiedad agraria, de las grandes exportadoras y de los puertos privados y privatizados; por el no pago de la deuda externa y la nacionalización bajo control de los trabajadores de la banca y del comercio exterior. Estas medidas permitirían terminar en serio con la oligarquía y la expoliación de las multinacionales y del capital financiero que se queda con la parte del león de los recursos que surgen de las exportaciones agrarias. Permitiría organizar la producción agraria de acuerdo a un plan racional y contar con alimentos baratos y de calidad para todo el pueblo. Nos manifestamos también por la derogación de la ley videlista que permite la superexplotación del peón rural y por el blanqueo inmediato de todos los que trabajan en negro; y decimos que para que la crisis tenga una salida progresiva es necesario que la clase trabajadora levante sus propias demandas, empezando por las más inmediatas: aumento de emergencia para todos los trabajadores; salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar; aumento automático de los salarios de acuerdo al crecimiento de la inflación.

Insistimos: en la crisis, es preciso unir voluntades para señalar la necesidad de una salida distinta a la que ofrecen los sectores patronales en disputa y sus representantes en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales, es decir, una salida socialista y de la clase trabajadora.

Fuente: Ni con el gobierno ni con las patronales del campo. (Con la lista de firmantes)

Políticas de la Iglesia de Brasil y Chile frente al militarismo latinoamericano.

Bajo el tenso clima de la Guerra Fría (1945-1989), Estados Unidos, como cabeza del así llamado Bloque Occidental, inició una serie de acciones para mantener, en su lugar del globo una hegemonía que impidiera que los “otros” crecieran o que aumentaran su poderío. Ante la coyuntura de la imposición de un régimen comunista en Cuba, se vieron obligados a reaccionar de formas más drásticas. Fue así como se desarrolló el período de los militarismos en América Latina, gobiernos que privilegiaban ante todo la Seguridad Nacional en el territorio de la periferia de Estados Unidos con una clara guía del mismo.

Muchos de estos gobiernos se vivieron con una represión inédita en América, lo que provocó inmediatas reacciones de muchos sectores tanto del interior como exterior del continente. Uno de ellos fue la Iglesia Católica. A pesar de lo que se pueda pensar, no todas las Iglesias Nacionales de América reaccionaron como entes que llamaban la atención ante los atropellos humanos, muy contrario a esto, gran parte de ellas se mantuvo al margen de los procesos. Sin embargo, hubo naciones en los que la acción de la Iglesia Católica fue clave no sólo para proteger los Derechos Humanos sino también para ser portavoces efectivos de los problemas y anhelos de parte de las poblaciones locales, a pesar que muchas veces, podían tener un cariz que distaba de los planes de la Iglesia en sí para con el mundo, fueron los casos de Brasil y Chile. Suponemos que esto se debe a las políticas que la Iglesia del entonces, hija del Concilio Vaticano II que promulgó, entre otras cosas, la defensa de los oprimidos de nuestra sociedad[i]. Invitamos pues a encontrarnos con los casos ya mencionados para ver cómo se manejó la Iglesia frente a las políticas militaristas.

Brasil: Desde ya hace algún tiempo, la Iglesia brasileña se encontraba en un clima de introspección, esto debido principalmente a las profundas repercusiones que tuvo en el mundo el Concilio Vaticano II que proponía toda una renovación institucional a nivel mundial. Por lo mismo, en una primera etapa, ocurrido el Golpe Militar en Brasil –el primero reconocido como el inicio del militarismo en América- los religiosos vieron en estos acontecimientos la oportunidad de realizar los cambios a los que habían sido llamados desde arriba. Las primeras relaciones con los gobiernos militares fueron de un tono suaves, sin grandes críticas, de un corte armónico[ii]. Pero, entre los primeros que habrían sido tocados por la represión política estaban los sectores progresistas, dentro de los mismos, se encontraban estudiantes, un grupo inmensamente cercano a la Iglesia Católica, fue entonces cuando a finales de los ’70, determinados grupos religiosos decidieron unirse a las manifestaciones de los estudiantes[iii].

Ante esta situación, los militares reaccionaron desde la legalidad suprimiendo gran parte de los derechos civiles[iv], con esta capacidad el gobierno comenzó su etapa más represiva donde incluso miembros del clero fueron fuertemente perseguidos, en especial, los que eran extranjeros. Se los veía como una amenaza interna, demasiado pluralistas, con ideas en extremo modernas y progresistas. Sólo se rescataba a movimientos eclesiales de corte conservador como Tradición, Familia y Propiedad, quienes sentían afinidad con el gobierno de turno. Pero en el mismo período surgiría una nueva generación de obispos que abrazarían los ideales del Concilio Vaticano II y la recién concluida Conferencia Episcopal de Medellín, lo que empujó a la Iglesia a tomar una postura más decisiva con respecto al régimen militar[v]. Se crea entonces ese mismo 1968, la Comisión de Paz y Justicia con el fin de investigar casos de tortura o desaparecidos, denunciar abusos, y las violaciones a los Derechos Humanos, todo esto, la Iglesia de Brasil lo hizo efectivo a través de un notable plan de investigaciones: de acciones que buscaban hacer que la ciudadanía entera y el mundo se dieran cuenta de la situación que se vivían en Brasil. Fue así como la Iglesia se fue uniendo en un solo bloque transformándose en la voz efectiva del pueblo y la primera institución en presentarse como contraria al régimen. Se trataba de una experiencia sui generis que en el Caso de Brasil se hace patente en la inclusión hasta el último momento de la mayor parte de los miembros del CNBB (Conferencia Nacional de Obispos de Brasil) pero también significó el compromiso de la Iglesia con los que más lo requerían, con los que no tiene protección y son objeto de todos los abusos. Con posterioridad, la misma institución invitará de manera entusiasta a toda la población del Brasil, a luchar por la vuelta efectiva a la democracia, cosa que no se lograría sino tras años de ensayos y de una madurez de los mismos planteamientos de la Iglesia brasileña pero que culminaría hacia 1985[vi].

Chile: Cuando el 9 de octubre de 1973, la Iglesia Católica mediante Decreto 158-73 del Arzobispado de Santiago decide formar el denominado Comité de Cooperación para la Paz en Chile[vii], ya definía de forma oficial el rol que iba a asumir en relación al nuevo régimen que se había instaurado hace menos de un mes cuando mediante un Golpe de Estado, las Fuerzas Armadas, al mando del General Augusto Pinochet, derrocan por la vía violenta al gobierno de la Unidad Popular, instaurando de esta manera una dictadura que se prolongaría por 17 años, los cuales estuvieron marcados por los profundos cambios del sistema político, económico y social, como también por la sistemática violación a los Derechos Humanos.

Pero desde ya no podemos entender esta suerte de compromiso suscrito por la Iglesia y los que comenzaban a hacer perseguidos por le nuevo régimen no es una casualidad que podamos atribuir tan sólo al hecho coyuntural que se había propiciado el 11 de septiembre del mismo año, sino que esta postura refleja algo más profundo: la continuidad de un vínculo que había cimentado la Iglesia con los sectores populares de nuestro país y el continente hace no muchos años atrás, cuando a través del Concilio Vaticano II[viii] y los hechos ocurridos en Medellín, la Iglesia se define como la Voz de los sin Voz, es decir ser la portavoz y el estímulo para el conjunto de reformas sociales que eran necesarias para poder llevar adelante los cambios que hicieran más soportables las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad de la época.

Es por esto, que ante el conjunto de acontecimientos que se venían propiciando en Chile, con posterioridad a 1973, el primer mensaje y la primera actitud que nace de la Iglesia es una llamado a la reconciliación, una suerte de consenso nacional que permitiera alcanzar, en el más breve lapso, la normalidad interrumpida por la crisis institucional que había llevado a la intervención militar, lo que da cuenta de la vocación de proteger, por la vía de un mensaje de paz, a quienes comenzaban a ser las víctimas del régimen. Es así que se consolidan figuras tan importantes como la del Cardenal Raúl Silva Henríquez, quién como cabeza del catolicismo chileno, desde el primer momento adopta una actitud de ser el que aboga para bien ante una situación que comenzaba a vivir, marcando un distanciamiento entre la Iglesia y el Régimen, buscando así que no quedara duda sobre una posible legitimación de las acciones acontecidas hasta ese momento.

Es una suerte de doble juego[ix] que refleja en la aceptación de la Iglesia de la realidad de facto: su posición era que el régimen era producto de la salida inevitable a la crisis política, pero, a su vez, elaboró una estrategia política para evitar ser considerada como enemiga del régimen. Pero, además, se agrega la labor de comenzar a proteger, de forma explícita, y, sin mayor disimulo, a quienes recurrían a ella como la única institución que iba a hacer las veces de “garante” de su condición particular, ante el continuo enfilamiento del Poder Judicial, con las nuevas autoridades y la clausura del Poder Ejecutivo, por las mismas. Dentro de estos casos, en particular, se pueden contra aquellos que veían ante sí el riesgo de ser eliminados por los organismos armados del Estado o los organismos de seguridad que se constituyeron con posterioridad, eventos y circunstancias que propiciaron las primeras acciones legales presentadas ante los Tribunales de Justicia.

Es esta una de las características que van a marcar el camino de la Iglesia Chilena, es decir hacer uso de los canales formales, más allá si éstos eran efectivos del todo, para garantizar el respeto de los derechos mínimos de cada uno de los ciudadanos del país. Y en el mismo sentido, se hace uso editorial por medio de las distintas publicaciones que eran de su propiedad para denunciar o al menos hacer una crítica al actuar del gobierno o derechamente para hacer un llamado al respeto y a la protección de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, podemos resumir que la Iglesia Católica chilena adopta una actitud activa, asume una responsabilidad que no es más que el reflejo de los compromisos ya adquiridos, es un actuar en consecuencia, que da cuenta de una valoración por el rol social que le corresponde, el cual va más allá de ser mero administrador de la fe, sino que en casos como los vividos, se suma a una fuerza que apela por la garantía de lo más básico, es decir la vida.

No sabemos, en realidad, porqué en estas naciones se sintió más la presencia de la Iglesia frente a los atropellos a los Derechos Humanos, lo cierto es que, en ambos casos, las políticas que adoptan las instituciones locales nos hacen mirar al pasado, al Vaticano II y a Medellín. Notamos entonces en América el eco de una Iglesia que se apronta a los cambios en el mundo, que está dispuesta a vivir la dinámica e imprime una propuesta a lo sumo interesante; el vela porque en este mundo avance, de manera inclusiva. La Iglesia, a través de esta acción, ya no está al margen de la sociedad civil, ya no es ese ente que se mantenía al margen sino que se compromete como un contendor más en los conflictos sociopolíticos. A partir de estos casos inferimos que la Iglesia nunca más será el ente reconciliador al que se le pedía ser árbitro, sino que participará como un actor. No sólo avanzó en planteamientos; la Iglesia dio un salto como participe de la esfera civil.


[i] MORENO, Fernando: Iglesia, Política y Sociedad. Universidad Católica de Chile Ediciones. Santiago, 1988. P.130. El Concilio habría extraído como conclusión la necesidad de una etapa de humanización en donde se defendiera la dignidad natural y sobrenatural de los hombres.

[ii] BERNAL, Sergio. Pp 56-57. Este cambio estructural apuntaba a un nuevo enfoque de atención: los pobres y oprimidos de nuestras sociedades.

[iii] KAIBER, Jeffrey: Iglesia, dictaduras y democracias en América. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1997. Esto se manifiesta con la creación, previa al militarismo, de la Juventud Católica Universitaria (JUC), un grupo de acción de laicos con un fuerte vínculo con la Iglesia. A esto se suma la Juventud Católica Obrera (JOC).

[iv] BERNAL, Sergio. OP.cit. p.103. Entre dichos actos se encontraba la disolución del Parlamento, la eliminación del derecho de “habeas corpus”, la impresión de amplios poderes al Ejecutivo e incluso se repuso la pena de muerte, todo esto dentro del contexto del Acto Institucional Número 5.

[v] BERNAL, Sergio. P.125.

[vi] Ibíd. pp. 239-241. A este proceso el autor lo llama “la madurez para la Conquista de la Libertad”.

[vii] CAVALLO, Ascanio (Et.al). Editorial Grijalbo. Santiago, 1997. P.87. Hay que hacer mención que este Comité “Pro Paz”, como es conocido, junto con ser una iniciativa de carácter ecuménico, es decir incorporaba a la mayor cantidad de credos religiosos, así como agrupaciones laicas, terminó siendo el antecedente de la conocida “Vicaría de la Solidaridad”, nacida en 1975.

[viii] El concilio presentó a la Iglesia como la Iglesia de los Pobres, tal y cual como lo expresó Juan XXIII, el 11 de septiembre de 1962.

[ix] CRUZ, María Angélica: Iglesia, represión y memoria: El caso chileno. Editorial Siglo XXI. España, 2001. P.3.

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