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Políticas de la Iglesia de Brasil y Chile frente al militarismo latinoamericano.

Bajo el tenso clima de la Guerra Fría (1945-1989), Estados Unidos, como cabeza del así llamado Bloque Occidental, inició una serie de acciones para mantener, en su lugar del globo una hegemonía que impidiera que los “otros” crecieran o que aumentaran su poderío. Ante la coyuntura de la imposición de un régimen comunista en Cuba, se vieron obligados a reaccionar de formas más drásticas. Fue así como se desarrolló el período de los militarismos en América Latina, gobiernos que privilegiaban ante todo la Seguridad Nacional en el territorio de la periferia de Estados Unidos con una clara guía del mismo.

Muchos de estos gobiernos se vivieron con una represión inédita en América, lo que provocó inmediatas reacciones de muchos sectores tanto del interior como exterior del continente. Uno de ellos fue la Iglesia Católica. A pesar de lo que se pueda pensar, no todas las Iglesias Nacionales de América reaccionaron como entes que llamaban la atención ante los atropellos humanos, muy contrario a esto, gran parte de ellas se mantuvo al margen de los procesos. Sin embargo, hubo naciones en los que la acción de la Iglesia Católica fue clave no sólo para proteger los Derechos Humanos sino también para ser portavoces efectivos de los problemas y anhelos de parte de las poblaciones locales, a pesar que muchas veces, podían tener un cariz que distaba de los planes de la Iglesia en sí para con el mundo, fueron los casos de Brasil y Chile. Suponemos que esto se debe a las políticas que la Iglesia del entonces, hija del Concilio Vaticano II que promulgó, entre otras cosas, la defensa de los oprimidos de nuestra sociedad[i]. Invitamos pues a encontrarnos con los casos ya mencionados para ver cómo se manejó la Iglesia frente a las políticas militaristas.

Brasil: Desde ya hace algún tiempo, la Iglesia brasileña se encontraba en un clima de introspección, esto debido principalmente a las profundas repercusiones que tuvo en el mundo el Concilio Vaticano II que proponía toda una renovación institucional a nivel mundial. Por lo mismo, en una primera etapa, ocurrido el Golpe Militar en Brasil –el primero reconocido como el inicio del militarismo en América- los religiosos vieron en estos acontecimientos la oportunidad de realizar los cambios a los que habían sido llamados desde arriba. Las primeras relaciones con los gobiernos militares fueron de un tono suaves, sin grandes críticas, de un corte armónico[ii]. Pero, entre los primeros que habrían sido tocados por la represión política estaban los sectores progresistas, dentro de los mismos, se encontraban estudiantes, un grupo inmensamente cercano a la Iglesia Católica, fue entonces cuando a finales de los ’70, determinados grupos religiosos decidieron unirse a las manifestaciones de los estudiantes[iii].

Ante esta situación, los militares reaccionaron desde la legalidad suprimiendo gran parte de los derechos civiles[iv], con esta capacidad el gobierno comenzó su etapa más represiva donde incluso miembros del clero fueron fuertemente perseguidos, en especial, los que eran extranjeros. Se los veía como una amenaza interna, demasiado pluralistas, con ideas en extremo modernas y progresistas. Sólo se rescataba a movimientos eclesiales de corte conservador como Tradición, Familia y Propiedad, quienes sentían afinidad con el gobierno de turno. Pero en el mismo período surgiría una nueva generación de obispos que abrazarían los ideales del Concilio Vaticano II y la recién concluida Conferencia Episcopal de Medellín, lo que empujó a la Iglesia a tomar una postura más decisiva con respecto al régimen militar[v]. Se crea entonces ese mismo 1968, la Comisión de Paz y Justicia con el fin de investigar casos de tortura o desaparecidos, denunciar abusos, y las violaciones a los Derechos Humanos, todo esto, la Iglesia de Brasil lo hizo efectivo a través de un notable plan de investigaciones: de acciones que buscaban hacer que la ciudadanía entera y el mundo se dieran cuenta de la situación que se vivían en Brasil. Fue así como la Iglesia se fue uniendo en un solo bloque transformándose en la voz efectiva del pueblo y la primera institución en presentarse como contraria al régimen. Se trataba de una experiencia sui generis que en el Caso de Brasil se hace patente en la inclusión hasta el último momento de la mayor parte de los miembros del CNBB (Conferencia Nacional de Obispos de Brasil) pero también significó el compromiso de la Iglesia con los que más lo requerían, con los que no tiene protección y son objeto de todos los abusos. Con posterioridad, la misma institución invitará de manera entusiasta a toda la población del Brasil, a luchar por la vuelta efectiva a la democracia, cosa que no se lograría sino tras años de ensayos y de una madurez de los mismos planteamientos de la Iglesia brasileña pero que culminaría hacia 1985[vi].

Chile: Cuando el 9 de octubre de 1973, la Iglesia Católica mediante Decreto 158-73 del Arzobispado de Santiago decide formar el denominado Comité de Cooperación para la Paz en Chile[vii], ya definía de forma oficial el rol que iba a asumir en relación al nuevo régimen que se había instaurado hace menos de un mes cuando mediante un Golpe de Estado, las Fuerzas Armadas, al mando del General Augusto Pinochet, derrocan por la vía violenta al gobierno de la Unidad Popular, instaurando de esta manera una dictadura que se prolongaría por 17 años, los cuales estuvieron marcados por los profundos cambios del sistema político, económico y social, como también por la sistemática violación a los Derechos Humanos.

Pero desde ya no podemos entender esta suerte de compromiso suscrito por la Iglesia y los que comenzaban a hacer perseguidos por le nuevo régimen no es una casualidad que podamos atribuir tan sólo al hecho coyuntural que se había propiciado el 11 de septiembre del mismo año, sino que esta postura refleja algo más profundo: la continuidad de un vínculo que había cimentado la Iglesia con los sectores populares de nuestro país y el continente hace no muchos años atrás, cuando a través del Concilio Vaticano II[viii] y los hechos ocurridos en Medellín, la Iglesia se define como la Voz de los sin Voz, es decir ser la portavoz y el estímulo para el conjunto de reformas sociales que eran necesarias para poder llevar adelante los cambios que hicieran más soportables las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad de la época.

Es por esto, que ante el conjunto de acontecimientos que se venían propiciando en Chile, con posterioridad a 1973, el primer mensaje y la primera actitud que nace de la Iglesia es una llamado a la reconciliación, una suerte de consenso nacional que permitiera alcanzar, en el más breve lapso, la normalidad interrumpida por la crisis institucional que había llevado a la intervención militar, lo que da cuenta de la vocación de proteger, por la vía de un mensaje de paz, a quienes comenzaban a ser las víctimas del régimen. Es así que se consolidan figuras tan importantes como la del Cardenal Raúl Silva Henríquez, quién como cabeza del catolicismo chileno, desde el primer momento adopta una actitud de ser el que aboga para bien ante una situación que comenzaba a vivir, marcando un distanciamiento entre la Iglesia y el Régimen, buscando así que no quedara duda sobre una posible legitimación de las acciones acontecidas hasta ese momento.

Es una suerte de doble juego[ix] que refleja en la aceptación de la Iglesia de la realidad de facto: su posición era que el régimen era producto de la salida inevitable a la crisis política, pero, a su vez, elaboró una estrategia política para evitar ser considerada como enemiga del régimen. Pero, además, se agrega la labor de comenzar a proteger, de forma explícita, y, sin mayor disimulo, a quienes recurrían a ella como la única institución que iba a hacer las veces de “garante” de su condición particular, ante el continuo enfilamiento del Poder Judicial, con las nuevas autoridades y la clausura del Poder Ejecutivo, por las mismas. Dentro de estos casos, en particular, se pueden contra aquellos que veían ante sí el riesgo de ser eliminados por los organismos armados del Estado o los organismos de seguridad que se constituyeron con posterioridad, eventos y circunstancias que propiciaron las primeras acciones legales presentadas ante los Tribunales de Justicia.

Es esta una de las características que van a marcar el camino de la Iglesia Chilena, es decir hacer uso de los canales formales, más allá si éstos eran efectivos del todo, para garantizar el respeto de los derechos mínimos de cada uno de los ciudadanos del país. Y en el mismo sentido, se hace uso editorial por medio de las distintas publicaciones que eran de su propiedad para denunciar o al menos hacer una crítica al actuar del gobierno o derechamente para hacer un llamado al respeto y a la protección de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, podemos resumir que la Iglesia Católica chilena adopta una actitud activa, asume una responsabilidad que no es más que el reflejo de los compromisos ya adquiridos, es un actuar en consecuencia, que da cuenta de una valoración por el rol social que le corresponde, el cual va más allá de ser mero administrador de la fe, sino que en casos como los vividos, se suma a una fuerza que apela por la garantía de lo más básico, es decir la vida.

No sabemos, en realidad, porqué en estas naciones se sintió más la presencia de la Iglesia frente a los atropellos a los Derechos Humanos, lo cierto es que, en ambos casos, las políticas que adoptan las instituciones locales nos hacen mirar al pasado, al Vaticano II y a Medellín. Notamos entonces en América el eco de una Iglesia que se apronta a los cambios en el mundo, que está dispuesta a vivir la dinámica e imprime una propuesta a lo sumo interesante; el vela porque en este mundo avance, de manera inclusiva. La Iglesia, a través de esta acción, ya no está al margen de la sociedad civil, ya no es ese ente que se mantenía al margen sino que se compromete como un contendor más en los conflictos sociopolíticos. A partir de estos casos inferimos que la Iglesia nunca más será el ente reconciliador al que se le pedía ser árbitro, sino que participará como un actor. No sólo avanzó en planteamientos; la Iglesia dio un salto como participe de la esfera civil.


[i] MORENO, Fernando: Iglesia, Política y Sociedad. Universidad Católica de Chile Ediciones. Santiago, 1988. P.130. El Concilio habría extraído como conclusión la necesidad de una etapa de humanización en donde se defendiera la dignidad natural y sobrenatural de los hombres.

[ii] BERNAL, Sergio. Pp 56-57. Este cambio estructural apuntaba a un nuevo enfoque de atención: los pobres y oprimidos de nuestras sociedades.

[iii] KAIBER, Jeffrey: Iglesia, dictaduras y democracias en América. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1997. Esto se manifiesta con la creación, previa al militarismo, de la Juventud Católica Universitaria (JUC), un grupo de acción de laicos con un fuerte vínculo con la Iglesia. A esto se suma la Juventud Católica Obrera (JOC).

[iv] BERNAL, Sergio. OP.cit. p.103. Entre dichos actos se encontraba la disolución del Parlamento, la eliminación del derecho de “habeas corpus”, la impresión de amplios poderes al Ejecutivo e incluso se repuso la pena de muerte, todo esto dentro del contexto del Acto Institucional Número 5.

[v] BERNAL, Sergio. P.125.

[vi] Ibíd. pp. 239-241. A este proceso el autor lo llama “la madurez para la Conquista de la Libertad”.

[vii] CAVALLO, Ascanio (Et.al). Editorial Grijalbo. Santiago, 1997. P.87. Hay que hacer mención que este Comité “Pro Paz”, como es conocido, junto con ser una iniciativa de carácter ecuménico, es decir incorporaba a la mayor cantidad de credos religiosos, así como agrupaciones laicas, terminó siendo el antecedente de la conocida “Vicaría de la Solidaridad”, nacida en 1975.

[viii] El concilio presentó a la Iglesia como la Iglesia de los Pobres, tal y cual como lo expresó Juan XXIII, el 11 de septiembre de 1962.

[ix] CRUZ, María Angélica: Iglesia, represión y memoria: El caso chileno. Editorial Siglo XXI. España, 2001. P.3.

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Actualidad, divisiones y juicios históricos.

Hablar de la dictadura militar en chile, ya no parece ser tan peligroso, aunque como sabemos, en el ámbito laboral principalmente del profesorado, hablar de “dictadura”, divisiones de clase o simplemente mencionar la palabra “asesino”, es una razón suficiente de despido sea por políticas del establecimiento o por alardes de los padres que reaccionan espantados ante semejantes palabras; para ellos vale más un profesor que no diga nada, antes de que sus hijos tengan un profesor que hable mucho.

Esta situación, hasta el dia de hoy no sorprende a nadie, por la sencilla razón que nos hemos acostumbrados, es más, hemos crecido en un país divido en dos (unos que SI y otros que NO); como señalan los historiadores en su “tercer manifiesto[1]”, en un país en que los “perdedores” (victimas), lamentablemente debían trabajar bajo los dictámenes de los “ganadores”[2] (beneficiados), por lo tanto las voces que arremetían contra ese endiosado militar llamado Augusto Pinochet, fueron delimitadas, controladas y posteriormente calladas.

Todo esto nos lleva plantear algunas interrogantes; como futuros historiadores ¿Qué debemos hacer respecto a esto?, ¿continuar callados para que esta situación continúe de la misma manera o arriesgarnos a ser estigmatizados como tantos otros y tirar por la borda años de claustro en las aulas universitarias?; todo indica que una mantener postura “razonable” ante los ojos de los demas, es simplemente intentar demostrarse “a-político”, discurso que paradójicamente fue articulado por los sectores de derecha (no para esconder la asquerosidad de los actos que ellos apoyaron, si no que para socavar la memoria colectiva).

Para graficar y ejemplificar lo que se dijo anteriormente, se me ocurre un ejemplo bastante lejano a Nelly Richard, pero bastante cercano a nuestra realidad; hace poco tiempo atrás, frente a un profesor nuevo -para nosotros- surgió este tema obviamente sujeto a discusión en la clase, pero extrañamente aquel docente esgrimió la necesidad actual de apostar por una historia objetiva y despolitizada, discurso creíble para muchos, pero este discurso se quiebra por el solo hecho de entender que este tipo de educadores egresan de cierto tipo de universidades que se dedican especialmente a reproducir en sus profesionales esta mentalidad atareada con un oblicuo y utópico sueño de objetividad que fue configurado bajo un ideal político bastante claro: la derecha.

Acaso esconder y disminuir la intensidad de este proceso dictatorial ¿es ser objetivos?, tratar esta temática ¿es solo asunto de marxistas leninistas?; frente a esto no debemos olvidar que el proceso dictatorial sigue cobrando victimas; en las poblaciones se nos hizo relativamente cotidiano ver “zombies” adormecidos por la pasta base -droga que paradójicamente se incluyó en los años 80 pero alcanzó su boom en los 90[3]– droga potencialmente adictiva por ende peligrosa, pero que logró despolitizar los barrios chilenos, algo que difícilmente se logró a balazos; se puede apreciar una situación muy similar en los años 60 en Estados Unidos en donde frente la aparición de guerrillas urbanas (como los black panters) en los barrios marginales, se utilizo el “crack” como avasallante estrategia desidealizadora.

Vale destacar que tal cual como concluye la autora, esta división es palpable en todo el contingente nacional, desde las noticias hasta la educación, desde lo publico a lo privado, desde los condominios a los barrios; la estrategia fue simple: aplacar aún más la herida ya que para los que perdieron no existe peor tortura que el olvido, para los que ganaron era el olvido el que les aseguraría mantener una producción tranquila, estable e incesante en sus fabricas.

Hemos intentado retratar la complejidad que gira en torno al tema de la dictadura, obviamente reconocemos al igual que la autora que hoy existe una necesidad de ampliar los estudios de esta área, no para volver a usar la camiseta del che Guevara, escuchar discos de Víctor Jara y colgar el cuadro de Salvador Allende en la pared, sino que bajo la lógica del “caceroleo” podemos rescatar la enseñanza de que sin meter bulla esta situación difícilmente cambiará y la única forma en que los historiadores y cientistas sociales pueden hacer ruido es simplemente investigando; por ende esos discursos de algunos académicos que señalan que otros viven amarrados al 73, debido a su intención, son discursos vacios por lo tanto fácilmente desechados.

Se debe hacer valer también el hecho de que hoy exista un sector de historiadores sociales que se dispuso a poner en el tapete el juicio de la historia[4] frente a estos sucesos, lo cual me parece relevante frente a tanto discurso vacío que atenta incluso contra la propia historia, porque despolitizar la historia es sin duda alguna deshistorizarla ya que en estricto rigor es robarle la complejidad a un proceso histórico, para continuar aquella subordinación político-mediática que asegura y reafirma los parámetros divisorios e incluso ha logrado naturalizarla.

Aunque por otra parte debemos considerar el hecho de que al existir estos vencidos y ganadores, el juicio histórico se mantendrá así; dividido, independiente si el personaje insigne de la dictadura se mantenga vivo o muerto, ya que como se señala anteriormente, han logrado hacer que veamos natural esta división.


*Ensayo inspirado en: Richard, Nelly; “Historia, memoria y actualidad: reescrituras”, revista critica cultural.

[1] La dictadura militar y el juicio de la historia; tercer manifiesto de historiadores, 2007.

[2] Acerca de esto se puede encontrar una reflexión bastante interesante en el texto de Alfredo Jocelyn Holt: “El chile perplejo”(1998).

[3] Informe nacional; Procedimientos por infracción a la Ley 20.000 año 2006, Ministerio del interior, división de seguridad publica, Gobierno de Chile (2007).

[4] Debo reconocer que el hecho de ver la firma de dos profesores que actualmente me hacen clases, en el manifiesto de historiadores anteriormente citado, logró hacerme sentir que los primeros pasos ya están dados y depende solamente de nosotros continuarlos.

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Muestra «Imágenes para la Memoria»

El próximo 13 de marzo tendrá lugar en la Universidad de Quilmes la muestra multimedial «Imágenes para la Memoria», cuyo objetivo principal es recordar lo sucedido durante el terrorismo de Estado (1976-83) y sus consecuencias en la sociedad argentina. El ciclo coordinado por Memoria Abierta, durará del 13 de marzo al 25 de abril, y contará con ayuda de guías voluntarios que acompañarán a los visitantes durante la muestra. Los horarios serán de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 hs. Aquí una copia de la convocatoria para los que quieran ofrecerse como guías:

Convocatoria Memoria Abierta

Para más información sobre la muestra y los lugares donde será exhibida, visiten el Sitio Oficial.