España y la difícil recuperación de la memoria histórica

Dejo a continuación un artículo aparecido en el diario La Nación (también puede ser consultado en la internet en esta dirección: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic…) escrito por Mate Guerra y que habla sobre la dificultad que han tenido las víctimas de la Guerra Civil española y, luego de la dictadura franquista con aquellos que a quienes violaron su dignidad.

Antes de pasar al artículo en sí, quisiera expresar mis gratitudes al dueño del blog, el señor Molina, por permitirme escribir en este sitio.

Por otra parte, todos aquellos que visiten la página y que tienen comentarios y/o ideas que las expresen para que así se enriquezca aún más el espacio.

España y la difícil recuperación de su memoria histórica

En Gobierno logró importante acuerdo para apoyar la iniciativa legal. Pero el principal partido de la oposición se opone al proyecto argumentando que, además de abrir heridas ya cicatrizadas, constituye una maniobra del Ejecutivo a seis meses de las elecciones generales. Es la mayor de las deudas de la democracia española. Tras meses de negociación, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha logrado el apoyo de las fuerzas políticas para sacar adelante la Ley de la Memoria Histórica y recuperar así la dignidad de quienes sufrieron los latigazos de la guerra civil y la dictadura franquista. La derecha se opone bajo el argumento de que la iniciativa abre heridas cicatrizadas pero, principalmente, porque la considera una maniobra electoral a seis meses de los comicios generales, además de una venganza personal del Presidente de Gobierno socialista. Lo concreto es que la Ley de la Memoria Histórica que ya ha pasado al Congreso Pleno podría ser aprobada antes de fines de año. “Muero inocente y perdono, mi credo fue siempre un ansia infinita de paz y el mejoramiento social de los humildes”, escribía para sus descendientes, pocas horas antes de ser ejecutado, el capitán Juan Rodríguez Lozano, militar leal a la República, que no se sumó a los sublevados que protagonizaron el golpe militar en 1936. Ese fue el detonante de la Guerra Civil Española que dejó más de 30.000 desaparecidos en tres años de contienda y cuatro décadas de dictadura. Tras la muerte de Francisco Franco, en 1975, las fuerzas políticas que participaron en la transición democrática prefirieron guardar en un amargo olvido lo sucedido a las víctimas. Pero han pasado más de 30 años y la memoria histórica parece reclamar justicia y dignidad para sus muertos, enterrados en agujeros por donde transcurre la vida de uno de los países más influyentes de Europa. Desde el año 2000, alrededor de un centenar de fosas cavadas durante la Guerra Civil y la posterior represión de régimen franquista, han sido abiertas y se ha logrado exhumar los restos de un millar de desaparecidos. A la fecha ya se han cursado más de 5.000 solicitudes para abrir nuevas fosas. Ahora se recuerdan historias teñidas de dolor y olvido, como la de Manuel España Gil de 29 años, que en un cementerio de Sevilla escuchó a sus verdugos falangistas que le perdonaban la vida y le dieron la oportunidad de marcharse, pero corriendo entre tumbas y flores marchitas fue asesinado por la espalda. O el testimonio de un pastor de Badajoz, que observó detrás de un árbol, en septiembre de 1936, a seguidores del golpe militar que asesinaban a 30 hombres y mujeres y quemaban sus cuerpos en una fosa. Con el horror en el rostro, el joven pastor corrió a relatar a su padre lo sucedido y supo, en ese momento, que entre aquellas víctimas estaba su madre. O el deseo de familiares de conocer el destino incierto de miles de brigadistas internacionales. LEY MEMORIA HISTÓRICA En 2006 el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero lanzó a la discusión nacional una iniciativa legal -con que se había comprometido- para recuperar y hacer justicia. Es la llamada Ley de la Memoria Histórica que esta semana ha logrado el consenso de todas las fuerzas políticas a excepción del mayor partido de la oposición, el Partido Popular (PP) y de Ezquerra Republicana. El partido nacionalista catalán asegura que tal como está estructurado el proyecto, se condenará a las víctimas a un “vía crucis judicial individual”. Critican que se omita “toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones”. El proyecto, que cuenta con la aprobación de las agrupaciones de familiares de las víctimas, aunque lo califican de “descafeinado”, contempla indemnizaciones, establece la ilegitimidad de los tribunales y órganos penales o administrativos que impusieron sanciones por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas; y se deroga toda la legislación represora del franquismo. Los descendientes en segundo grado (nietos) de los exiliados podrán recuperar la nacionalidad española. Además se prevén medidas para facilitar la localización e identificación de los desaparecidos y se refuerza al Archivo General de la Guerra Civil Española. La derecha ha puesto el grito en el cielo. El PP, que sólo ha aprobado los artículos referidos a la mejora de indemnizaciones ya existentes y la despolitización del Valle de los Caídos, argumenta que este proyecto de ley es una maniobra más de Rodríguez Zapatero a seis meses de las elecciones y una de sus venganzas personales, porque aquel joven militar, el capitán Rodríguez Lozano -sobre el que hace referencia en las primeras líneas de este artículo- era el abuelo materno del actual Presidente de Gobierno.

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